LOS políticos que tanto invocan ahora a la transparencia, nos siguen engañando; deben creer que somos tontos, que nos lo tragamos todo. La venta de la mitad de Apemsa a Aqualia es una estafa, no sólo porque supone la privatización de un bien que era de todos los portuenses sin que se nos haya consultado, sino por el cúmulo de falsedades con que se ha llevado a cabo. Si hubiera un ranking de políticos mentirosos, algunos ediles de El Puerto estarían en el podio.  

Para empezar, tanto el PP como el PA aseguraron que no privatizarían Apemsa; su voto en los Plenos -en contra de su programa y sus promesas-, sería razón suficiente, en una democracia que se precie, para que se fueran a sus casas de forma definitiva. Nos han estafado. El programa electoral es un contrato con los ciudadanos, y si quieren regenerar la política, su incumplimiento debería ser considerado como delito.

Los máximos responsables del PP y del PA han insistido hasta la saciedad que era falso que se fuera a privatizar Apemsa, que sólo incorporarían un socio tecnológico, porque, al parecer, los técnicos de esta empresa municipal debían ser analfabetos. Nos llamaron mentirosos a los que aseguramos que todo el proceso estaba trucado para que la empresa y su gestión pasara a manos de Aqualia, filial de FCC que, curiosamente, aparece en los papeles de Bárcenas como una de las empresas que ha financiado ilegalmente al PP.

Pues bien, sólo Aqualia-FCC se presentó al concurso para adquirir la mitad de la empresa municipal y, lo que es más grave, asumir su gestión. Una de las primeras medidas adoptada por Apemsa tras su semiprivatización ha sido nombrar un nuevo director-gerente, y no ha sido ningún gestor con experiencia en el sector público, sino el jefe de zona de Aqualia-FCC, que es ahora el que manda en Apemsa. De nuevo nos engañaron.

Los presidentes, consejeros-delegado y director gerente de Apemsa han estado encubriendo las irregularidades de Aqualia, las más graves: incumplir el contrato para mantener la EDAR -por lo que cobra tres millones de euros al año-, y facturar un volumen de aguas residuales supuestamente depuradas muy por encima del realmente tratado, con un sobrecoste de medio millón de euros al año. La fiscalía lo está investigando.