Jueves Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en la Semana Santa de Cádiz 2024

HAY verdades que se demuestran por un simple análisis comparativo: España cuenta con 17.621 aforados frente a Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, que carecen de esta figura. Otros países de nuestro entorno, como Italia, Francia y Portugal, sólo aforan al presidente de la república o, además de éste, a los miembros del Gobierno. El aforamiento en sí no es obstáculo para la Justicia, sino que se permite una jurisdicción distinta al del resto de los ciudadanos. Ante todo, la figura del aforado revela una tremenda desconfianza hacia la Administración de Justicia, ya que se le supone que puede ser maleable ante presiones políticas, de ahí que se envíe al aforado a otros tribunales donde, se supone, hay mayor blindaje ante estas maniobras. Hasta los jueces de paz, que son 7.685, están aforados. De los 17.621, sólo unos 2.000 son políticos, lo que da cuenta de que la desconfianza parte del propio sector de la Justicia y esto, en efecto, es preocupante. Se discute si ser aforado es o no un privilegio. Muchos de los que gozan de esta figura y están inmersos en procesos judiciales alegan que es al contrario, que salen perjudicados; sin embargo, es cierto que los partidos colocan en sus listas a antiguos cargos que pueden ser imputados y, así, se les otorga mayores garantías y es cierto que ninguno va a declarar ante un juzgado de Instrucción aunque podrían hacerlo según un artículo del Código Penal. Hay, por tanto, un argumento de mesura y otro de regeneración democrática que invitan a que en España se reduzca el número de aforados, tal como ha propuesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Sugiere a 22, de tal modo que sólo lo estarían algunos miembros de la Casa Real, el Gobierno, los altos tribunales y los presidentes de las comunidades autónomas. No es mal objetivo. Para ello, sería necesario un acuerdo global, porque incluirían reformas de la Constitución, los estatutos autonómicos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otros. Es necesario, pero tampoco se puede pecar de ingenuo. En demasiadas ocasiones, se ha comprobado como la Justicia se emplea para luchas políticas porque se sabe que, en España, la figura de un imputado ya es una condena en sí. Ha bastado la denuncia de uno o varios particulares sin implicación directa en el caso para que muchos políticos hayan sido enviados al Supremo. En manos de un instructor sensible, el político sería destruido, por así decirlo, sólo con indicios. Por tanto, la eliminación del número de aforados, que es necesaria, debe caminar pareja de otras modificaciones que afectan al Derecho Procesal, tan antiguo, en España, como este recurso al aforamiento.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios