Las obras y trabajos de investigación publicados por diferentes historiadores e investigadores sobre la guerra civil en la provincia de Cádiz supera ya el medio centenar en los últimos años, lo cual ha supuesto una trascendental aportación para conocer la trágica realidad que supuso aquella sinrazón.

Prácticamente se han abordado todas las temáticas, desde los aspectos políticos hasta los militares, pasando por la prensa, cinematografía, enseñanza, carnaval, etc., y muy singularmente la penosa cuestión de la represión, asignatura que desgraciadamente todavía no se ha cerrado en muchas familias gaditanas que siguen desconociendo donde descansan sus seres queridos.

Sin embargo hay dos aspectos humanos, y no son los únicos pendientes, que apenas han sido tratados en la historiografía gaditana. Uno de ellos es el de los miembros de una misma familia, especialmente padres, hermanos e hijos, que estuvieron combatiendo en bandos enfrentados. Y el otro, verdadero ejemplo de sincera reconciliación, es el de los matrimonios entre los hijos de combatientes de una y otra zona, e incluso de quienes fueron asesinados o represaliados.

Aunque muchos gaditanos conocen algún caso, más cercano o más lejano, nunca fueron temas de los que se hablara abiertamente en las familias. Esas historias se evitaron contar durante muchos años, pues el dolor a veces no tiene caducidad y era mejor no mentarlas, si bien jamás fueron olvidadas.

Pero también es cierto, que el conocimiento de las mismas, máxime cuando ya se va camino de cumplir ocho décadas de aquella sinrazón, fortalece el convencimiento de la irracionalidad que supuso la mayor tragedia de España en el siglo XX.

Desde el ámbito sociológico, uno de modelos de mayor cohesión y convivencia familiar en aquella época era la de los guardias civiles, pues buena parte de ellos vivían en casas-cuarteles. Incluso en un porcentaje importante habían nacido y criado en ellas, siguiendo después los pasos de sus padres e ingresando en el benemérito Cuerpo.

La tradicional lealtad de la Guardia Civil al poder legalmente constituido se fracturó por primera y única vez aquel 18 de julio de 1936, como se fracturó España entera. Y lo que intentó ser un alzamiento militar para dar un golpe de estado degeneró, tras fracasar, en una cruenta guerra civil que dividió inicialmente, más geográfica que ideológicamente, a los españoles.

En la Benemérita gaditana, las sentencias de los consejos de guerra sumarísimos y los expedientes personales que se conservan en los archivos históricos del Cuerpo, contienen numerosos ejemplos de ello.

Tanto de padres, hijos y hermanos miembros del Cuerpo que se vieron obligados por las circunstancias a servir en bandos enfrentados por razón de la llamada "lealtad geográfica", como de aquellos que habían contraído o contrajeron matrimonio, aún a pesar de la restrictiva normativa dispuesta al respecto.

Tal vez, el más trágico del casi medio centenar de casos constatados, sea el de los guardias civiles de Ubrique. Su jefe de línea, el alférez Marceliano Ceballos González, fue sentenciado a muerte el 21 de agosto de 1936 como autor del delito de rebelión militar y fusilado dos días después en el castillo de San Sebastián.

Diez días antes del inicio de la sublevación había fallecido su esposa María Cano Barroso, con quien llevaba casado veintiséis años. El 9 de julio se dio de baja médica para el servicio por enfermedad, no restableciéndose hasta el día 16, fecha en la que se reincorporó al mando de su unidad. Desde luego su estado anímico no debía ser el mejor ante una sublevación militar iniciada menos de cuarenta y ocho horas después.

En el testimonio de su sentencia puede leerse que al ser, "el más antiguo de cuantos se encontraban en Ubrique en las fechas de autos, resultaba obligado a declarar el estado de guerra y todavía en mayor grado a no tolerar la oposición armada a que se hizo a las fuerzas liberadoras". El no hacerlo le costó la vida.

En cambio, su hijo Guillermo, cabo de la Guardia Civil destinado en la Comandancia de Huelva, procedente de la de Cádiz, y que llegaría a alcanzar con los años el empleo de comandante, "se sumó al Glorioso Movimiento Nacional desde los primeros momentos", según consta en su expediente.

Finalizada la guerra civil, su hermana María, de 25 años de edad, soltera, de profesión sus labores, en cuyo pabellón de la casa-cuartel de Coto Doñana habitaba, elevó una patética instancia al inspector general del Cuerpo, dando cuenta de su angustiosa situación:

"Que el día 23 de Agosto de 1936, falleció mi padre que Dios lo tenga en su Santa Gloria, siendo Alférez del Instituto que V.E. y tan dignamente de la Comandancia de Cádiz, y mi madre el día 7 de julio del mismo año, siendo por lo tanto huérfana de padre y madre, y sin sostén de ninguna clase, teniendo además la recurrente a su amparo una abuela con 88 años, imposibilitada para trabajar, sin que hasta la fecha a pesar de hallarse instruyéndose el oportuno expediente de pensión de viudedad y orfandad a la que cree tener derecho como huérfana hija de Oficial por el Juez Militar Eventual de Huelva Don Lino Moreno, haya cobrado un céntimo y según me informan creo hay disposiciones dictadas por el digno Gobierno Nacional que con tanto acierto dirige nuestro Caudillo para bien de nuestra España, para que por los Jefes de Cuerpo sean pagadas las correspondientes pensiones a los huérfanos y viudas desde la fecha de su fallecimiento y mensualmente hasta que sea resuelto el expediente, ...".

Y también otro triste caso, esta vez de hermanos, que quedaron, por "lealtad geográfica" en bandos enfrentados dentro de la provincia gaditana, tuvo también su escenario principal en la misma población de la sierra.

Se trata de los hermanos Manuel y Juan Casillas Aguilera, ambos sargentos de la Guardia Civil, comandantes de los puestos de Ubrique y Chiclana de la Frontera, respectivamente.

Mientras Juan, quien "adhiriéndose al Glorioso Movimiento Nacional desde el primer momento", alcanzaría con el paso de los años el empleo de comandante, su hermano Manuel, quien "cooperó a la actitud y a la posición adoptada por el Jefe de su Línea", junto al cabo Francisco Martín Ripollet, comandante del puesto de Carabineros en Ubrique, fueron condenados a la pena de reclusión perpetua con sus accesorias legales:

"Por tener mando directo y personal sobre las fuerzas de sus respectivos Institutos ya que además como queda dicho no se asumió el mando local de estado de guerra por quien correspondía y aunque tuviesen dependencia o subordinación con respecto al Alférez Don Marceliano Ceballos deben considerarse según criterio de sana interpretación militar como culpables del delito de rebelión militar en concepto de autores, estimándoseles como circunstancia notoriamente atenuante la relación jerárquica antes apuntada".

Y así hasta casi medio centenar de historias más repartidas por muchas casas-cuarteles de la provincia gaditana. Todos ellos fueron guardias civiles, de casi todos los empleos, que hasta aquel 18 de julio de 1936, ajenos a cualquier ideología política, tenían hojas de servicios intachables al servicio de España y sus ciudadanos.

La sinrazón de una guerra civil y la "lealtad geográfica" marcaron en muchos casos sus vidas, ante la impotencia de sus padres, hermanos e hijos que sirviendo en el bando triunfante, no pudieron hacer nada por impedirlo.