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La tribuna

eduardo Moyano Estrada

Los costes sociales de la privatización

EN estos tiempos de ajustes severos, la externalización/privatización de los servicios públicos se ha convertido en una palabra mágica, en la vía para solucionar la supuesta ineficiencia de las entidades públicas y, de paso, en un modo de reducir el gasto.

Es verdad que el reconocimiento de un determinado derecho de ciudadanía (como el derecho a la salud, a la educación o a la asistencia social) no tiene que ir necesariamente acompañado de la gestión pública del correspondiente servicio. Es verdad que hay buenos ejemplos de gestión eficiente por parte de la administración pública en sectores como la sanidad, o excelentes centros públicos de investigación científica. Pero también hay casos de ineficiencia, en los que el servicio público estaría mejor gestionado por una empresa privada. Pensemos, por ejemplo, en equipamientos culturales o deportivos que están ahora cerrados por falta de recursos públicos y que podrían ponerse en actividad mediante su gestión privada (incluyendo fórmulas cooperativas).

Sin embargo, la externalización/privatización de un servicio público no es siempre la mejor solución, ya que, con frecuencia, se produce un grave deterioro de su calidad, siendo los usuarios los principales perjudicados. Tenemos ejemplos sobrados en muchos ayuntamientos de ese deterioro en el área de los servicios de saneamiento, recogida de basura o aguas, donde su gestión ha sido transferida a una empresa privada. Por tanto, lo importante es que el servicio se preste de manera eficiente sin menoscabo de su calidad, ya sea a través de una entidad pública o de una privada. De poco le sirve al ciudadano que sea público un determinado servicio, como el sanitario (por ejemplo, una operación de cataratas o la colocación de una prótesis), si el paciente tarda meses en ser atendido.

Con la crisis económica, muchas entidades públicas han externalizado la gestión de algunos de sus servicios, buscando con ello una reducción del coste y un modo de liberarse de esa carga. Es evidente que en esa decisión no sólo intervienen factores económicos, sino también ideológicos, ya que muchos gobiernos (principalmente, los impregnados de ideologías de tipo neoliberal) creen que la gestión privada de esos servicios siempre será más eficiente que la pública. Hay en esa opción una clara desconfianza hacia lo público, y una sacralización de lo privado. La izquierda opta por este tipo de fórmulas de externalización a regañadientes, cuando comprueba que no tiene recursos suficientes para asumir su coste.

En el debate sobre la externalización/privatización de los servicios públicos, se ha omitido un aspecto que me parece fundamental, a saber: la garantía de los derechos de los trabajadores. La combinación de reforma laboral y crisis económica está siendo un cóctel explosivo donde estos derechos de los trabajadores arden en la pira de la eficiencia y la competitividad. Desgraciadamente, eso está siendo frecuente en el sector privado, pero también está ocurriendo en el ámbito de la externalización de los servicios públicos, debido sobre todo a que no se supervisa el cumplimiento de las condiciones acordadas por las empresas que reciben las concesiones. Reducción salarial hasta límites por debajo del salario mínimo, pérdida de pluses, horarios sin límites, deterioro de las condiciones laborales e incluso trabajos no formalizados mediante contrato (en flagrante ilegalidad), son algunos de los resultados de ese cóctel.

Si grave es que eso ocurra en el mundo de la empresa privada por la codicia de algunos empresarios, aún más grave es que suceda en el área de los servicios públicos externalizados, donde algunos de sus gestores sólo están interesados por las cuentas de resultados y se desentienden de otras cosas. Cuando acudimos a un centro de salud o a un centro cultural, puede que quedemos satisfechos con el servicio que recibimos y que no nos preocupe mucho si la gestión es privada o pública, pero deberíamos preguntarnos si los trabajadores que prestan ese servicio están recibiendo el trato que legalmente les corresponde (salarios, condiciones laborales, contratos,…).

Descubrimos que eso no es así cuando ocurre alguna desgracia (como en el caso del Madrid Arena) y comprobamos que el servicio no estaba bien atendido, que no había el número de trabajadores que estaba estipulado en las condiciones de la concesión, o que las personas que allí trabajan lo están haciendo en condiciones precarias y de sobreexplotación. Hay en ello una clara dejación de responsabilidad por parte de las entidades públicas, que, una vez firmada la concesión, se desentienden del modo como la empresa concesionaria gestiona el servicio externalizado.

La eficiencia en la gestión de los servicios públicos no está reñida con la posibilidad de su privatización total o parcial, pero no al precio de unos costes sociales que, además de poner en riesgo la calidad del servicio, suponen un claro deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores.

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