UNOS días después de haber sido desgraciada noticia nacional por la subida de dietas en tiempos de crisis y austeridad, el Parlamento de Andalucía reincide en prácticas opuestas a la transparencia y la regeneración democrática... precisamente cuando va a tramitarse una aparentemente ambiciosa ley de transparencia de todos los organismos e instituciones de la comunidad autónoma. Ha ocurrido así: comoquiera que el Parlamento, en su rectificación obligada, sostuvo que el aumento de las dietas de manutención y alojamiento de su presidente y de los portavoces adjuntos de los tres grupos parlamentarios había sido acordado en marzo por la Junta de Portavoces y la Mesa de la Cámara, un redactor de este periódico solicitó tener acceso al vídeo correspondiente a la reunión del primero de estos órganos parlamentarios. Se le respondió que no existían tales vídeos. Constatado por sus propios medios que tales vídeos están archivados en los servicios de biblioteca y documentación del Parlamento desde el año 2005 (y los audios, desde 1983, es decir, hace treinta años), esta Redacción lo comunicó al departamento de Prensa de la Cámara, replicándose desde allí que los servicios jurídicos han emitido la orden de retirarlos y convertirlos en inaccesibles para los periodistas y los ciudadanos. Esta actitud es extravagante: las reuniones de las juntas de portavoces son abiertas a los medios informativos, que asisten puntualmente a las mismas y dan cuenta de sus debates y votaciones. Resulta, pues, absurdo que si las juntas de portavoces son públicas su transcripción posterior quede sometida al secreto oficial, como si se tratara de una grave cuestión de seguridad, al no permitirse el acceso de los informadores al contenido de los vídeos que se graban. No es ilegítima ni exagerada la sospecha de que el Parlamento, con su presidente a la cabeza, trate de ocultar lo que pasó en realidad aquel día de marzo en el que se subieron las dietas, quién la propuso y qué posición adoptó cada representante político en su seno... o si aumentarse las retribuciones fue producto de un acuerdo informal, sin los trámites obligados por tratarse de un asunto que afecta a los presupuestos de la Cámara, además, lógicamente, de a su buen nombre y su prestigio. Todo esto requiere una explicación urgente ante los ciudadanos andaluces, cuya visión de los políticos que han elegido y que los representan no puede dejar de deteriorarse y hacerse más negativa cuando no se les da cuenta de este tipo de decisiones. No sólo eso, sino que se intenta enredar y dar opacidad a lo que ha de ser claro y transparente. Con medidas absurdas, como borrar los vídeos de reuniones que son públicas.