LA sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ejecución hipotecaria española cambiará las reglas del juego imperantes hasta ahora sobre los desahucios. Es relevante, al menos, por tres razones: en primer lugar, porque ilustra muy bien cómo Europa puede seguir siendo útil en tiempos de crisis; en segundo lugar, porque garantizará a las familias en riesgo de perder su vivienda que los jueces españoles, hasta ahora impedidos para ello por nuestra propia ley, podrán poner remedio al abuso de los bancos; y, por último, porque confirma que, en el futuro, debemos aprender a confiar más en los jueces y no sólo en los legisladores a la hora de que se garanticen nuestros derechos.

Últimamente la Unión Europea (UE) sólo era fuente de malas noticias: la desacertada gestión de la crisis económica bajo la batuta alemana, a la que se encuentran sometidos (algunos, con gusto) el resto de los estados miembros ha exacerbado en la ciudadanía europea la conciencia de que el "déficit democrático" de la Unión, del que se viene hablando desde su fundación, le sustrae a sus instituciones una legitimidad de origen que en absoluto queda compensada por la llamada legitimidad de ejercicio. Por eso, en España como en tantos otros sitios, la opinión pública andaba ya muy poco dispuesta a jalear la idea europeísta, y la mayoría de los españoles empezaban a estar en amplio desacuerdo tanto con el origen del poder de la UE como con el modo de emplearlo.

Esta actitud antieuropea contrasta con la que, en los últimos 25 años, ha sido mayoritaria en nuestro país. No hace tanto que Europa era sinónimo de libertad, democracia y Estado de Derecho, y aún hace menos que las ayudas europeas han contribuido a levantar infraestructuras y a transformar, en el caso de Andalucía de manera espectacular, algunas de nuestras regiones.

Con la crisis se estaba yendo también una cierta idea de Europa. Hasta que, por fin, han hablado los jueces europeos. Así que es muy oportuno que una sentencia del TJUE nos recuerde que hace tiempo que Europa dejó de ser sólo un mercado común y aspira a ser, sobre todo, un espacio democrático en el que 500 millones de personas puedan ejercer sus derechos de ciudadanía sin cortapisas por parte de sus propios estados. Por eso la Unión aprueba sus propias normas, vinculantes para todos los estados miembros, y dispone de sus propios órganos jurisdiccionales encargados de velar por su correcta aplicación.

Las consecuencias prácticas para los españoles de la sentencia del TJUE sobre el acuciante problema de los desahucios son difíciles de exagerar: nuestro vetusto sistema hipotecario contempla la posibilidad de denunciar la existencia de cláusulas abusivas impuestas sobre los particulares por la parte más poderosa, la entidad bancaria con la que se contrata un préstamo hipotecario. Pero esa posibilidad se remite a un proceso distinto del que entiende sobre la ejecución de la hipoteca, que además ni siquiera puede paralizarlo cautelarmente. Con nuestra ley, todo el que quiera oponerse a una ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas como los desproporcionados intereses de mora, la existencia de límites sólo a las posibles bajadas (no a las subidas) de los intereses del préstamo, la liquidación de la ejecución de manera unilateral por la entidad bancaria, etc, puede hacerlo... pero sin que por ello se paralice, ni se afecte en absoluto, al desahucio de su casa. Eso es lo que Europa, la misma Europa cuya política económica se encuentran tan denostada, hablando ahora por la boca de su Tribunal de Justicia, ha declarado contrario a la normativa de la UE. La sentencia nos recuerda también a todos que nuestro derecho está supeditado al derecho europeo y que cuando la Constitución dice de nuestros jueces que está sometidos "únicamente al Imperio de la Ley" se refieren no sólo a la ley española, sino, y por encima de ésta, al ordenamiento de la Unión.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? De entrada, nuestro Parlamento está obligado a cambiar la ley para acomodarla a la jurisprudencia europea. Ojalá lo haga con la celeridad que el asunto merece, aunque no es eso a lo que nos tiene acostumbrados. Pero nuestros jueces no están obligados a esperar al legislador. La duda que un juez de Barcelona planteó al TJUE ya ha sido despejada: nuestra normativa no respeta los derechos establecidos por la normativa europea, y por esa razón ningún juez español puede ya aplicarla en el sentido en el que se venía haciendo. Ningún desahucio puede hacerse ya en España sin que un juez compruebe que las cláusulas impuestas por el Banco no son abusivas. Es decir, como dice la propia sentencia, si no puede razonablemente suponerse que habría sido aprobada por el propio consumidor después de una negociación individual, leal, equitativa y de buena fe.

La Europa que más nos gusta, la de los derechos, consigue de vez en cuando salir a la superficie y recordarnos que no sólo existe la Europa de los mercaderes. Esta ha sido una de esas ocasiones.