LOS varapalos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la Consejería de Educación de la Junta empiezan a no ser noticia de tan frecuentes. Frescos aún los varios fallos que reconocen a los padres el derecho a preservar a sus hijos del catecismo obligatorio y progre (léase Educación para la Ciudadanía), esta pasada semana han caído otros dos de grandes consecuencias. Con ellos, la actual consejera, Teresa Jiménez, sigue pagando los platos rotos por Cándida Martínez, su antecesora de nefasta memoria, hoy refugiada y a salvo de estas cornadas en su escaño de la carrera de San Jerónimo.

La primera sentencia defiende el derecho de los padres a escoger el colegio de sus hijos -¿le suena esta melodía al señor Brenes, delegado de doña Teresa en Cádiz?-, reconocido a una familia sevillana a la que, en virtud del artículo 27 de la Constitución, no se podrá impedir "el ejercicio del derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Este derecho constitucional prevalece sobre la famosa ratio (número de niños por clase) y otras normas menores de la Junta que fuerzan a las familias a aceptar imposiciones contrarias a sus intereses. Felicitemos por esta sentencia al abuelito Chaves, cuya nieta no había podido ser admitida en el colegio de monjas elegido por sus padres en Sevilla, porque ahora la niña podrá eludir el monstruo que él mismo ha creado.

Por si fuera poco, y como decía, el mismo Alto Tribunal ha dado la razón también a la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) en su recurso contra una orden de la Consejería, del año 2005, por la que se atribuía al consejo escolar, y no al claustro de profesores del centro, la misión de organizar los exámenes. Para los menos versados en la jungla terminológica de la enseñanza actual, hay que recordar que los consejos escolares están formados por representantes de los profesores, padres, alumnos, personal administrativo y hasta del Ayuntamiento del lugar. Lo que el TSJA recuerda en esta sentencia es que en la LOE se reconoce a los docentes todas las competencias sobre los exámenes, por tratarse de una materia "exclusiva y excluyente", consustancial a su papel.

Ya es triste que padres y profesores tengan que recurrir continuamente a los tribunales para hacer valer derechos elementales de unos y otros ante una Consejería inconmovible que ha hecho divisa del sostenerla y no enmendarla jamás. Pero, una vez que la Junta ha prescindido del sentido común en su afán de desnaturalizar la enseñanza, ¿podría sostener de otra forma un modelo fracasado al que, sin embargo, se le asigna la suprema función de procurar el adoctrinamiento ideológico de la sociedad? Por fortuna, los nuevos sátrapas tienen enfrente los obstáculos de siempre: los hombres y las leyes.