PABLO Grosso, a quien conozco y aprecio, tiene todo el derecho a intentar ampliar sus negocios. El ayuntamiento, el gobierno municipal, como entidad política debe cuidar de los intereses de la ciudadanía, o lo que es lo mismo, de lo público. Por eso en la polémica sobre la posibilidad de construir un restaurante, o un amplísimo kiosco, en la plazoleta formada ante la playa de Santa María del Mar, el ayuntamiento, con la alcaldesa a la cabeza, debería defender los intereses de la mayoría, de lo público. Nadie debe culpar a Pablo Grosso de tratar de construir un restaurante en el hermoso litoral gaditano, incluso aunque la iniciativa sea suya, aunque él haya realizado la propuesta. Es el ayuntamiento que dirige Teófila Martínez quien debe asumir la responsabilidad de conceder o negar la construcción del restaurante. Es el ayuntamiento el único responsable de lo que se haga en Santa María del Mar, tanto si se ajusta a la legalidad vigente, como si, por lo que parece, no se ajusta a la legalidad. Y en este caso, como en otros, hay que mirar con lupa la responsabilidad política y legal de quienes nos rigen, que no deben confundir el respaldo ganado en unas elecciones democráticas con una franquicia para hacer lo que les venga en gana.

El mismo criterio se debe adoptar en la proyectada ampliación del aparcamiento subterráneo de Canalejas. Habría que calibrar, calcular con ajustado criterio, si la ampliación de ciento veinticinco plazas de aparcamiento, para provecho de una empresa privada, justifica que durante un año el tráfico en el sufrido casco antiguo de la ciudad se colapse. Es decir, si la obra de ampliación de un aparcamiento subterráneo privado supone que durante un año los autobuses públicos no lleguen a la plaza de España, que los taxis alarguen sus carreras, que el tráfico se ralentice, que los clientes de los negocios abiertos en el centro de la ciudad se lo piensen tres veces ante la pérdida de tiempo y comodidad, si los proveedores de mercancías se retrasan en su servicio… ¿merece la pena que, durante un año, el casco antiguo de Cádiz se cierre por una ampliación de ciento veinticinco plazas de aparcamiento de pago, en beneficio de una empresa privada? Y para más INRI, se anuncia que se harán varios aparcamientos subterráneos más, dos muy cercanos al de Canalejas, otro en Santa Bárbara. ¿Quién será capaz de circular por Cádiz sin necesidad de ayuda psicológica?

Una elemental regla de actuación política dice que los políticos están al servicio del pueblo. De todo el pueblo, no de una parte. Y por lo que nos anuncian, parece que el ayuntamiento de Cádiz, su gobierno municipal, ha olvidado esta regla.