Apartir de la publicación del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, el pasado mes de abril, se ha iniciado una inusitada ola de indignación entre el personal universitario, expresada en diversos documentos, tanto de la Conferencia de Rectores a nivel estatal y a nivel autonómico como de parte de diversas universidades, que han ido aprobando documentos en los que se solicita abiertamente la retirada del Real Decreto, o se cuestiona el discurso y las maneras del ministro.

He podido comprobar un sentimiento desconocido de irritación y estupefacción colectivas, tanto por las medidas aprobadas, como por el estilo de presentarlas y justificarlas por el ministro, en el más puro estilo de (mal) "tertuliano": insuficientes y escogidos datos, aliñados para la construcción de un discurso que responde a una idea no fundamentada, salvo en una ideología no sometida a discusión crítica (un dogma). En este caso: la universidad pública española es ineficiente, cara, está inflada, y por todo ello es insostenible.

No queda clara la relación causa-efecto que en esta cadena de insuficiencias tienen los profesores, tildados implícitamente como poco trabajadores, incapaces y acomodados; ni los alumnos, entre indolentes y tendentes al ideal del ocio -ahora bajo la forma de la rebelión-. Digo que en el Real Decreto se les señala indirectamente porque las medidas aprobadas están dedicadas a castigar tanto a los "malos" profesores (se entiende por tales los que no investigan suficiente ni en calidad), como a los estudiantes (castigando particularmente matrículas sucesivas).

Es imposible entrar a replicar cada uno de los resortes de este discurso propalado en sectores de la opinión publicada y de la opinión pública. Pero sí es factible hacer una reflexión que invalida la arquitectura argumental del Real Decreto. Valorar una educación pública -me centro en particular en el ámbito universitario- requiere plantearse tres grandes cuestiones: para qué, para quién y cómo. Hasta este momento, como resultado del denominado consenso de la transición y del modelo de Estado resultante del mismo, la Educación Pública se había entendido como un derecho universalizable, del que se pudiera participar sin las limitaciones de la renta familiar (para quién); como un sistema de producción de conocimiento que favoreciese a la sociedad, tanto en sus finalidades económicas -conocimiento técnico, formación especializada para un mercado de trabajo basado en el conocimiento, etc- como sociales y culturales -pensamiento crítico, fomento del conocimiento de la diversidad social y natural, reflexión sobre la condición del ser humano, etc- (para qué). El cómo, ya lo hemos visto: un sistema basado en la financiación pública y en la autonomía de gestión, decididamente mejorables, y de hecho se ha ido mejorando sucesivamente.

Pero desde hace años -el mejor referente es la denominada Estrategia Universidad 2015- se está planteando otro modelo distinto, cuyo para qué es la producción de conocimientos técnicos del que se pueda obtener una rápida rentabilidad empresarial -sacrificando el resto-; cuyo para quién son los estudiantes con posibilidades económicas -bien por renta familiar, bien por un sistema de créditos personales que vayan sustituyendo a las becas-; y cuyo sistema de implementación (el cómo) parece que será una universidad financiada por las tasas y la inversión privada (¿?) y controlada por tecnócratas que usan los mecanismos de gestión privada para adelgazarla y situarla en los niveles aceptables de rentabilidad, más que económica, contable. De nuevo, otro ámbito de la vida social reducida a los criterios del mercado peor entendido.

El malestar del alumnado es fácilmente imaginable, especialmente los que se ven en mitad de una travesía que no están seguros de poder concluir con los nuevos requisitos económicos. Parece un ejercicio de cinismo que se favorezcan las condiciones que se establecen como prerrequisito para la reestructuración, a saber, que haya una menor demanda social de títulos universitarios mediante la sustitución de una financiación pública, vía impuestos, por una privada. El enfado del profesorado tiene más vertientes: de un lado, la campaña de desprestigio infamante, construida desde el desconocimiento de la vida de afán, esfuerzo y autoexigencia que es común en el sector (en nuestra inmensa mayoría no dejamos nunca de ser "estudiantes" en el sentido etimológico de afanarse). De otro, la desconsideración por el empeño mostrado para que la transición al Espacio Europeo de Educación Superior, a pesar de ser contestada entre diversos sectores universitarios, se haya realizado a coste cero, mediante un incremento real de las tareas lectivas y burocráticas.

Señor Wert, el contexto de crisis financiera no es pretexto para cambiar el modelo de educación, como la universidad no es la única ni la principal responsable del mal funcionamiento de los mercados de trabajo en España, ni de la crisis de acumulación de capital. No utilice ardides argumentales de tertulia radiofónica, e inicie un debate en profundidad sobre si nuestra sociedad desea un cambio de modelo educativo, con toda la información y todas las posiciones.