EN un Estado de derecho impera la ley que aplican los jueces. El que no esté de acuerdo con una resolución judicial puede recurrir a una instancia superior, incluido el Tribunal  Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hay represaliados políticos en España de ninguna naturaleza desde hace 35 años. Puede haber ciudadanos a los que la justicia ha maltratado, incluso mediante resoluciones firmes de un órgano jurisdiccional superior. Pero eso no convierte a nadie en represaliado. Lo son aquellos que sufren cárcel o exilio por sus ideas políticas, como por ejemplo el periodista cubano Raúl Rivero que ha sido acogido en España gracias a las gestiones de Miguel Angel Moratinos y que estuvo en el acto de FAES de San Felipe Neri. Nadie está al margen de la ley, por importante que sea. No podemos pedir un espacio de impunidad por el hecho del que se vea afectado sea amigo o conmilitón. Haber sido consejero no da privilegios, si acaso es una mayor exigencia a la hora de cumplir con la ley y hacer que se cumpla.

Desconozco las ideas políticas de la jueza Alaya y no sé si de sus autos o resoluciones se puede deducir. Me niego a creer en teorías conspiratorias y paranoias por el estilo. Seguro que la jueza tiene sus ideas, hasta ahí podíamos llegar. Puede que influyan en algo sobre su punto de vista, como le ocurre a todo el mundo. Pero de ahí a pensar que se ha confabulado con alguien de la derecha, la extrema derecha, algún partido u otra organización para hundir al Partido Socialista o para mandar a la cárcel a un dirigente del PSOE va un abismo. Me sorprende que personas con una dilatada trayectoria política, con  una experiencia, inteligencia y capacidad demostrada, sean capaces de pensar en conspiraciones políticas a la hora de la actuación judicial. Peor aún, que personas capaces usen el concepto represaliado político para referirse a Antonio Fernández. Entre los firmantes del manifiesto de apoyo al exconsejero de Empleo también hay algún indigente intelectual y algún paniaguado. Pero junto a ellos firman otros que han demostrado a lo largo de los años su compromiso y su capacidad. Por eso es más sorprendente aún.

Un partido es una organización donde se agrupan quienes comparten una serie de puntos de vista políticos y que pretenden por objetivos democráticos el ejercicio del poder. Un partido no se puede convertir en una secta donde se defienda, con razón o sin ella, a sus integrantes. Así se degrada la política y  se convierten los partidos en máquinas de favores. Antonio Fernández es amigo personal mío desde hace 30 años y le deseo lo mejor: que demuestre su inocencia. Siento verle en la cárcel porque  creo que el auto de la jueza Alaya es desproporcionado. Espero que su abogado lo recurra y lo gane y Antonio Fernández se presente al juicio en libertad y allí se dilucide la verdad judicial de este desagradable asunto. Javier Guerrero y su chófer han contado cosas espeluznantes de lo que hacían con el dinero público y ambos eran subordinados suyos. Hay que exigir a los políticos altitud de miras y que antepongan la razón a la amistad.