la tribuna

Balanzas fiscales de las CCAA

| Actualizado 02.12.2007 - 02:51
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LA Fundación BBVA presentó el jueves pasado el último estudio sobre las balanzas fiscales en España, un instrumento que estima la diferencia entre lo que cada comunidad autónoma aporta y recibe de la Administración Pública Central. La estimación de las balanzas fiscales es un ejercicio complejo, para el que existen distintas metodologías, de ahí que los resultados difieran entre las diversas estimaciones que se han realizado, aunque coincidan en los rasgos básicos. La metodología aplicada a la última estimación es la de carga-beneficio, que imputa los ingresos a la comunidad en la que residen las personas que soportan la carga fiscal, y los gastos a los territorios donde residen los que disfrutan de los servicios públicos.
Los resultados ratifican lo conocido por anteriores estimaciones: las CCAA más ricas son las que más aportan y las menos desarrolladas las que más reciben. En concreto, la Comunidad de Madrid, con un saldo negativo de 2.304 euros por habitante de media entre 2000 y 2005, es la que más aporta, seguida por Cataluña (1.094), Baleares (915) y la Comunidad Valenciana (37), teniendo un saldo positivo las restantes, y por encima de 2.000 euros per cápita Extremadura y Asturias. El saldo positivo de Andalucía se eleva a 1.421 euros por habitante y año de media en los cinco últimos años, lo que viene a significar el 12,2% del PIB, una cantidad sin duda importante, aunque inferior a estimaciones anteriores.
Estos resultados no han satisfecho a todo el mundo, especialmente en Cataluña, cuyo déficit fiscal es menos de la mitad que el de los madrileños, reduciéndolo en relación a estimaciones anteriores, por lo que Esquerra Republicana ha anunciado que presentará su propia balanza fiscal, mientras que algunos especialistas discrepan parcialmente del método empleado por la discutible imputación de los gastos al territorio donde residen quienes consumen los servicios públicos en lugar de contabilizar los flujos de ingresos y gastos de cada comunidad. Pero, aparte de algunas discrepancias que podrían dar lugar a ligeras correcciones de los resultados, existe un elevado acuerdo en destacar la importancia del potente mecanismo de solidaridad territorial existente en España, por un lado, y, por otro, en detectar ciertas anomalías, siendo la más significativa la existencia de saldos favorables para Navarra (584 euros por habitante) y el País Vasco (792), a pesar de ser la segunda y tercera comunidad más ricas de España, y ello gracias a la singularidad de sus regímenes forales y las favorables negociaciones sobre su saldo concedidas por los últimos gobiernos de la nación.
Desde Andalucía merecen hacerse algunas reflexiones en relación con los resultados de estas balanzas fiscales. En primer lugar, reconocer y valorar la importancia de este saldo superavitario, sin el cual nuestra nivel de vida se reduciría notablemente. Reconocimiento que incomoda a muchos cargos públicos regionales y que es desconocido por la mayoría de los andaluces, mientras que cualquier catalán, por poco informado que esté, conoce el mecanismo de las balanzas fiscales y sus resultados. Por ello, debemos estar agradecidos al resto de España, lo que no nos impide denunciar que otras comunidades más desarrolladas que Andalucía reciban saldos superiores, como Asturias (2.148), Canarias (1.544), Castilla-La Mancha (1.528) o Galicia (1.422), lo que requiere que nuestros representantes públicos exijan que los mecanismos redistributivos del Estado sean inversamente proporcionales al PIB por habitante de cada comunidad.
En segundo lugar, que esta corriente de solidaridad debemos emplearla en invertir en los factores que nos permitan no necesitarla en el futuro, restringiendo nuestra elevada propensión al consumo y dedicando más recursos a la inversión productiva.
Y en tercer lugar, tomar en consideración que, aunque nadie cuestione la conveniencia y justicia de la solidaridad interterritorial, si se discute su intensidad, por lo que la presión de comunidades con déficit fiscal está propiciando una reducción de la entidad del saldo, lo que se concretará en el nuevo sistema de financiación autonómica y en otros mecanismos de redistribución del gasto público. Esto, unido a la tendencia al descenso de los fondos estructurales europeos y su probable desaparición en 2013, nos conduce inevitablemente a que en el futuro tendremos que depender casi exclusivamente de lo que seamos capaces de producir, por lo que el énfasis de las políticas públicas debe bascular hacia los incentivos al sistema productivo (no necesariamente económicos) para que, en un marco de competitividad, podamos generar las rentas que necesita Andalucía para mejorar nuestro nivel de vida.
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