El Gobierno de Venezuela ordenó ayer el retorno de su embajador en Perú, en protesta por el asilo político que le dio Lima al líder opositor Manuel Rosales, quien está acusado por un cargo de enriquecimiento ilícito.

La Cancillería emitió en la noche del lunes un comunicado en el que señala que se ordenó la suspensión de los trámites al traslado del embajador designado Arístides Medina, cuyo nombramiento fue anunciado la semana pasada. También señaló que se inicia una fase de "evaluación integral" de las relaciones con Perú, cuyo Gobierno anunció el lunes que le concedía el asilo al líder opositor.

El comunicado recordó que Venezuela solicitó la entrega de Rosales, mediante una petición de arresto a través de la Política Internacional (Interpol), y que a pesar "del cúmulo de pruebas, el Gobierno del Perú decidió otorgarle el asilo político".

Afirmó que esa decisión "constituye una burla contra el derecho internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el pueblo de Venezuela". Recalcó que dando curso a los procedimientos de rigor, Interpol Perú había solicitado a las autoridades venezolanas la documentación necesaria para proceder a la detención de Rosales, la cual fue entregada oportunamente el domingo 26 de abril.

Rosales fue acusado por el cargo de enriquecimiento ilícito a raíz del informe presentado por la Contraloría General en julio de 2007, después de la investigación realizada entre 2002 y 2004 a la declaración patrimonial del entonces gobernador de Zulia.

El líder opositor solicitó formalmente su asilo a Perú, alegando ser un perseguido político.