La Fiscalía de la Audiencia Nacional ganó ayer una batalla dentro de la guerra abierta que mantiene contra el Juzgado Central de Instrucción número 5. Tras presentar durante la mañana un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia, el pleno del órgano judicial dictaminó, con diez votos a favor por cinco en contra, paralizar las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo que el magistrado Baltasar Garzón autorizó el pasado 16 de octubre y que el jueves fueron ampliadas casi hasta la treintena de enterramientos masivos. Entre ellas, en la que descansan en Víznar los restos de Dióscoro Galindo, Francisco Galadí, Federico García Lorca y José Arcollas.

El fiscal solicitó a la Sala de lo Penal la suspensión de las exhumaciones en virtud de su propio recurso en el que cuestiona la capacidad de instructor -Garzón, en la actualidad sustituido por Santiago Pedraz por enfermedad- de llevar a cabo el proceso contra el franquismo. Como quiera que el Ministerio Público entiende que el juez de la Audiencia Nacional no puede instruir la causa general planteada, tampoco defiende que se sigan "ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones" como la emitida el pasado jueves en la que, entre otras cosas, autorizaba a la familia de Federico García Lorca que se personase en el procedimiento y, al mismo tiempo, daba cobertura legal a la apertura de enterramientos, entre otros lugares, en el columbario del Valle de los Caídos para recuperar los restos de ocho represaliados.

El fiscal -el también sustituto Carlos Bautista al estar fuera de España el fiscal jefe Javier Zaragoza- argumentó en el escrito presentado a la Sala que, en virtud del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el instructor "no puede practicar más diligencias que aquellas que sean necesarias para comprobar el delito o de reconocida urgencia". "Parece obvio -prosigue el escrito del Ministerio Público- que las diligencias acordadas no revisten ese carácter" de urgencia, al no ser necesario la exhumación de las fosas comunes como la del barranco entre Víznar y Alfacar como prueba. Por ello, y entendiendo que ese tipo de diligencias pueden causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación", solicita a la Sala que ordene al instructor que lleve a cabo las investigaciones "esenciales".

Y, haciendo suyo el escrito del fiscal, la Sala tomó la decisión, tras dos horas de deliberación, de paralizar "las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres" mientras que el propio organismo decide si Garzón es competente, como él mismo se declaró, para investigar lo sucedido desde 1936 hasta 1951. Porque se podría dar la situación de que la Sala decidiera que el instructor no puede llevar adelante la causa, lo que llevaría aparejada la anulación del escrito que permitía las exhumaciones de los cadáveres enterrados en fosas comunes.

Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el sucinto acuerdo -dos párrafos, siete líneas- tomado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será remitido a los juzgados territoriales a los que les fue encargado el proceso de recuperación de los cuerpos. En el caso de Granada, la orden deberá llegar al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, que era el que, hasta ayer, coordinaba las labores de apertura de la fosa de Alfacar y que estaba pendiente de la remisión por parte del equipo de Policía Judicial del pertinente informe para proceder a la exhumación de los cadáveres de las cuatro personas allí enterradas.

Podría pasar, por tanto, que hubiera que recurrir a otra vía para que las familias de Galindo y Galadí pudieran reclamar la recuperación de los fusilados y enterrados en el barranco de Víznar. En todo caso, si la Sala de lo Penal acordase que Baltasar Garzón es competente para investigar la Guerra Civil y el franquismo, podría también pasarse tras esta paralización cautelar el momento idóneo para llevar a cabo la excavación, que el antropólogo Miguel Botella situó entre principios de noviembre y diciembre.