El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi aprobó ayer que la inmigración clandestina sea un delito en Italia, dentro de una serie de medidas de seguridad y que abarcan otros asuntos, como el combate contra la mafia.

El flamante Ejecutivo acudió a Nápoles, como había prometido Berlusconi, para celebrar su primer Consejo de ministros de la nueva legislatura que duró cuatro horas.

A su llegada, el Gabinete fue recibido con protestas y manifestaciones callejeras, convocadas por distintos colectivos de desocupados, inmigrantes y simples vecinos, estos últimos de ver cómo las calles están llenas de basura por la falta de vertederos y la incapacidad de las administraciones para solucionar una crisis que va ya por quince años.

En total 30 medidas, 20 de ellas antimafia, recogidas en un decreto ley y en tres proyectos de ley y que el Gobierno espera estén todas en vigor "antes de finales de julio", explicó el primer ministro italiano.

La consideración de la inmigración ilegal como delito figuraba ya en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi y que fue declarada parcialmente inconstitucional en 2004.

Según explicó el ministro del Interior, Roberto Maroni, además de la tipificación como delito de la inmigración clandestina, entre las nuevas medidas figura la aceleración de los procesos judiciales y de los tiempos de expulsión.

El Ejecutivo conservador rechazó la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades, pero sí da la primera luz verde de medidas a adoptar en los próximos meses, como facilitar la expulsión de los inmigrantes clandestinos. "Las nuevas medidas harán más fáciles la expulsión", dijo Maroni, quien no obstante destacó que todas ellas se hacen con "pleno y total respeto de la normativa comunitaria".

Según Maroni, las medidas también comprenden a los ciudadanos de la Unión Europea, ya que "se hará una verificación más concreta de los requisitos exigidos a los ciudadanos comunitarios para poder residir sobre el suelo italiano".

Entre tales requisitos se encuentra que "los ciudadanos tengan un ingreso adecuado para poder mantenerse ellos mismos y a sus familias y que no obligue al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social", explicó el responsable de Interior.

Además, se castigará con hasta tres años de cárcel usar menores para mendigar y se prolongará el tiempo que los extranjeros pueden permanecer internados en centros.

En materia de inmigración también se enmarca la petición de la prueba de ADN para los familiares que pidan la reunificación y la confiscación de los apartamentos alquilados a inmigrantes clandestinos.

También se imponen nuevos requisitos para los matrimonios entre nacionales y extranjeros con el fin de evitar los llamados "matrimonios de conveniencia".

En la lucha contra la mafia, el Gobierno ha agilizado el proceso para entregar al Estado los bienes confiscados a la mafia y "ponerlos a disposición de la comunidad", explicó Maroni.

Esta polémica iniciativa, que deberá pasar por el trámite del legislativo, se produce cuando aún son recientes los ataques violentos contra los gitanos rumanos en diferentes asentamientos de las principales ciudades italianas.