-¿Cómo valora el impacto de la crisis en el sector sanitario?

-No podemos condenar los recortes per se sin considerar su impacto. La realidad es la que hay: la de una presión económica importante y la de si queremos mantener los mismos servicios tal como están. O hacemos recortes o les pedimos al ciudadano que aumente los impuestos. En el caso de España en concreto no puedo evaluar porque no lo conozco al detalle. En general, hemos visto desde el Observatorio cómo los recortes presupuestarios se han hecho en áreas determinadas forzando un aumento de la eficiencia. Es un buen momento para continuar reforzando la atención primaria, para hablar de salud pública, etc...

-¿Eso le recuerda a los gestores sanitarios que hay cosas que no se hacen bien?

-Exactamente. Eso obliga a que los recortes no se hagan, de nuevo, horizontales, transversales e indiscriminadamente. Es importante que tengan en cuenta las diferencias entre qué programas son más coste-efectivos, qué centros y hospitales son más eficientes, etc... Han de ser selectivas con aquellas áreas en las que hay espacio para la eficiencia. Es injusto que los centros eficientes vean cómo se les recorta, pues de hecho algunos han llegado a su nivel de eficiencia con los recursos de que dispone.

-La política no facilita la capacidad de decidir de la gente, ¿no cree?

-No hay duda. Esta es la gran batalla en la mayoría de países: cómo buscar mecanismo para involucrar a la ciudadanía. Debemos ser críticos con algunos de los mecanismos. No podemos caer en fenómenos de Tokenismo y tener a un ciudadano sentado en un órgano de gobierno y decir "ya te hemos incorporado". Hay que ver con qué organizaciones trabajamos, que respondan a intereses de la ciudadanía, que no responsan a intereses particulares, etc... En casos detrás de determinadas organizaciones de pacientes o consumidores puede haber un interés determinado por una enfermedad determinada o por un fármaco concreto. Hay legislación que contempla derechos de los ciudadanos, gestión de listas de espera, etc... Son legislaciones que incluyen sanciones o utilizan el benchmarking. Se trata de buscar medios legales para incorporar a los ciudadanos a los órganos de gestión. Hay mecanismos también para incorporar los llamados tribunales de ciudadanos.

-¿Tribunales? ¿Y cuál es su labor?

-Por ejemplo, se les consulta a la hora de establecer prioridades. El racionamiento de servicios es un debate en todas partes del mundo. ¿Porqué no pueden participar representantes ciudadanos en este proceso y decidir así, por ejemplo, si los recursos se dedican a fecundación in vitro, cambio de sexo, programas vacunales, programas de tabaco o de prevención cardiovascular?. Es importante decidir si determinado gasto se orienta a la incorporación de un nuevo fármaco o a cuidados paliativos. Los recursos son limitados. A menos que estemos dispuestos a dedicar una cantidad enorme del PIB, hay que elegir. Necesitamos mecanismos para que los ciudadanos ayuden en esta toma de decisiones.

-En el reciente crecimiento del panorama de los representantes de pacientes en Europa, en ocasiones se detectan intereses particulares detrás de determinados movimientos asociativos.

-En general es cierto que en algunos casos hay conflictos de intereses entre lo que es un objetivo de una sociedad, en términos globales, y de una asociación de pacientes. Por lo general, y de forma legítima y respetable, los pacientes querrán hacer lobby en la defensa de sus intereses. Si tienen éxito haciendo lobby, su labor puede tener un efecto positivo en esa enfermedad, pero a nivel social podría detraer recursos en otras áreas en las que quizás ni siquiera existe una asociación de pacientes que defienda sus intereses. Mientras estas asociaciones son un mecanismo útil y necesario para defender derechos ante los políticas sanitarias, hay que ser rigurosos y asegurarse de que no haya conflicto de intereses. Yo haría dos observaciones. Primero, en ocasiones están financiados por grupos de intereses alrededor de una tecnología o un fármaco y por tanto esto puede afectar a sus decisiones. Segundo, este trabajo ha de verse en el contexto de la sociedad y sus necesidades de salud; no solo de este grupo. Es decir, sí a las asociaciones, sí al debate, sí a los mecanismos de incorporación, pero siempre con un rigor para asegurarnos que se piensa en un concepto de salud global y que no haya conflictos de intereses como los que existen en la profesión, que afortunadamente están ahora muy regulados. La propia industria se ha autorregulado enormemente.

-La sanidad pública es un logro social ineludible. ¿Cree que peligra en comparación con otros momentos?

-No puedo evaluar el caso español porque no vivo aquí ahora. Pero entiendo que no. En muchos países he tenido la oportunidad de hablar con ministros y gestores. Más que nunca se evidencia que el sistema del estado del bienestar se creó para momentos como este. Es en estos momentos en los que se justifica este sistema; en los que la población sufre y es cuando hay que protegerse. En este momento estamos dando una buena lección a Estados Unidos y a países asiáticos en los que no existe la asistencia universal. Los países europeos están reafirmando la necesidad de mantener sus sistemas sociales. No hemos visto cambios en la solidaridad, ni privatizaciones en la financiación, ni estrategias de copago en estos sistemas. Pueden haber recortes por ejemplo en los salarios de las enfermeras o médicos, que son duros y duelen, pero que de momento no están afectando al acceso a los servicios sanitarios. Ahora estamos haciendo un estudio para ver lo que está ocurriendo. Hasta el momento no estamos viendo disminución de la solidaridad. Al revés, vemos para qué hemos creado este sistema. Soy optimista. Creo que la economía mejorará y que así demostraremos para qué creamos este sistema.