GRANADA acogió el Congreso Andaluz de Derecho Sanitario. En el acto inaugural intervinieron los verdaderos artífices del evento como indicaba Sanifax en el anuncio de esta reunión que se trata de la primera en su modelo para toda Andalucía. Ricardo de Lorenzo, Javier de Teresa, presidente del Colegio Médico de Granada, y Eduardo J. Martín Serrano, pusieron las bases del acontecimiento en el acto inaugural. De entre las cuestiones tratadas quiero destacar la propuesta de baremos sanitarios para la determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el ámbito sanitario.

Desde hace años en el sector jurídico sanitario de nuestro país se viene reclamando la existencia de un baremo específico para la determinación de los daños derivados de la actividad sanitaria. Hasta la fecha, de modo orientativo tanto pacientes, como aseguradoras y también los tribunales han venido aplicando el baremo de tráfico. No obstante, la experiencia nos ha mostrado que el baremo de tráfico no agotaba todas las posibilidades ni se adaptaba al cien por cien a la realidad tan específica como es la actividad sanitaria. En lo jurídico, se pretende acabar con la manifiesta inseguridad jurídica, tanto para los profesionales como para todos los implicados que provoca el no tener unos criterios indemnizatorios claros. Además el no disponer de esos criterios hace difícil la resolución extrajudicial de conflictos, aumentando la litigiosidad y saturando la administración de justicia. Se crea desigualdad en pacientes que ven como sus pretensiones no tienen la misma acogida en los diferentes lugares donde se encuentren, lo que genera un claro agravio comparativo.

Se puede evitar la medicina defensiva que cada día es más practicada en nuestro país por temor a verse inmerso en un procedimiento judicial, con los costes económicos y de prestigio que ello conlleva para el profesional. Evitar precisamente esa medicina defensiva ayudaría a reducir los costes que tanto para el Sistema Nacional de Salud, como para el sector privado tiene el incremento de pruebas innecesarias por temor a recibir reclamaciones. Asimismo y desde el ámbito asegurador ayudaría, a poder determinar claramente los riesgos que se deben de asumir y a ofrecer a los profesionales unos capitales y unas primas ajustadas a sus necesidades reales. Los que trabajamos en este asunto en el Consejo Asesor de Sanidad queríamos aprovechar la aprobación del nuevo baremo de tráfico para introducir reformas pero finalmente la DA 3ª de la Ley 35/2015 de 22 de reforma del baremo de tráfico dispone que: "El sistema de valoración regulado en esta Ley servirá como referencia para una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios con ocasión de la actividad sanitaria".

Por eso, la directora general de AMA Raquel Murillo decía que "por tanto, si queremos verlo desde un punto de vista optimista no disponemos de un baremo pero al menos, por primera vez disponemos de una disposición legal que lo prevé, y que además nos indica que será complementario al baremo de tráfico. Se trata de un paso insuficiente pero un paso". Seguro.