Venezuela ha exigido al gobierno de España que cesen las declaraciones de algunos ministros asociando al país con ETA, y asegura que esta actitud muestra "cobardía política" y pretende justificar "su fracaso" en la lucha contra la banda armada vasca.

El gobierno venezolano "exige el cese inmediato de las declaraciones ambiguas y tendenciosas de parte de altos responsables gubernamentales de España", expresa un comunicado difundido por el ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas.

En el texto se señala directamente al vicepresidente del gobierno español y titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y al ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Según la Cancillería venezolana, las supuestas declaraciones de estos responsables, sobre las que no da detalles, pretenden "asociar al pueblo y al gobierno de Venezuela con la banda terrorista ETA".

"El gobierno bolivariano considera una demostración de cobardía política que la clase política española pretenda justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo (ETA) intentando endosárselo al gobierno y al pueblo de Venezuela, país históricamente extraño a este violento fenómeno", continúa el texto.

Para Venezuela, la posición que habrían asumido miembros del Ejecutivo español es consecuencia de "una violenta campaña de terrorismo psicológico ejercida por la muy sensacionalista prensa española".

Pero el gobierno "no permitirá que se siga cediendo desde España, por oportunismo o por convicción, a la presión de las corporaciones mediáticas expensas de la dignidad del pueblo venezolano", aseveró este texto.

La publicación de este comunicado coincide con un aumento de la tensión entre los dos gobiernos debido al caso del presunto etarra Arturo Cubillas, residente en Venezuela y solicitado por la justicia española.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a instancias de la justicia, ha solicitado a Venezuela la extradición de Cubillas por "distintos delitos que tienen que ver con el terrorismo", informó Rubalcaba en estos días.

Arturo Cubillas fue deportado a Caracas en 1989 junto a otros 10 etarras en virtud de unos acuerdos entre Caracas y Madrid. En la actualidad, tiene nacionalidad venezolana y es funcionario del ministerio del Agricultura y Tierras en Venezuela.

Pero para la justicia española, Cubillas seguiría estando vinculado a ETA y sería responsable de brindar entrenamiento a integrantes del movimiento separatista vasco en el país sudamericano.

Desde marzo pesa una orden de captura contra él dictada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien también lo citó a declarar como imputado el 14 de diciembre en Madrid.

En estos días, Jiménez explicó que su gobierno estaba "a la espera de la respuesta de Venezuela" sobre su pedido de extradición. Pero las autoridades venezolanas no han confirmado la recepción de esta solicitud y han subrayado en varias ocasiones que, por ley, no se extradita a ciudadanos venezolanos.

El miércoles, Cubillas declaró en calidad de testigo ante un fiscal de Caracas, que, a instancias del presunto etarra, investiga las actividades del sospechoso en Venezuela, base de los cargos formulados contra él en España.

En sus conclusiones, el juez Velasco dio a entender que las presuntas actividades ilícitas de Cubillas habrían contado con una "cooperación gubernamental", una afirmación de la que el gobierno español tomó sus distancias.

"Estamos convencidos de que no hay ningún amparo por parte de ningún gobierno del mundo a una banda terrorista", afirmó Zapatero recientemente, refiriéndose al caso de Venezuela.