El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, reactivó ayer una causa para investigar al Ejército estadounidense por las torturas practicadas a los prisioneros de la cárcel de Guantánamo. Este sumario lo tenía abierto hace tiempo pero hasta ahora no había movido ficha, después de que la Fiscalía le solicitara cerrar otra investigación sobre esta cárcel.

Con las declaraciones de cuatro presos que estuvieron en Guantánamo y luego quedaron absueltos al ser juzgados en España, Garzón incoa diligencias informativas para conocer las identidades de los posibles autores materiales e inductores, cooperadores necesarios y cómplices de estas torturas. Para ello, reclamará a Estados Unidos los documentos que fueron desclasificados tras el acceso de Barack Obama a la Presidencia norteamericana.

Los responsables de estas supuestas técnicas ilegales son aquellos que tuvieran bajo su guarda y custodia a los detenidos, y los que autorizaron o practicaron los actos delictivos. Según el juez, todos ellos son miembros del Ejército norteamericano o de la inteligencia militar, y todos aquellos que ejecutaron o diseñaron "un plan sistemático de torturas o malos tratos, inhumanos y degradantes en contra de los prisioneros".

Estos presos fueron detenidos en el marco del conflicto armado declarado en Afganistán a partir de 2001, con George Bush en el poder y tras los atentados del 11-S, y a los que se acusaba de terrorismo. Según los documentos desclasificados por la Administración norteamericana, ya con Barack Obama al frente del Ejecutivo, había diseñado un "plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno, y sin los elementales derechos de todo detenido, marcados y exigidos por las convenciones internacionales aplicables".

Por todo esto, el magistrado ha incoado diligencias a partir de las denuncias por haber sido torturados de Hamed Abderrahman Ahmed, conocido como el talibán español, Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif al Banna, alias Abu Anas, y Omar Deghayes, que después de pasar por Guantánamo declararon ante él y refirieron haber sufrido torturas durante el tiempo de su detención "bajo la autoridad de personal del Ejército norteamericano".

En su auto, el juez hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en el que absolvía a Hamed Adberraman Ahmed, dictada en junio de 2006, de un delito de pertenencia a organización terrorista por el que no fue condenado. En esta sentencia, se pone de relieve "la detención de cientos de personas sin cargos, sin garantías y, por ello, sin control y sin límites". Se trata de "una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política", según el alto tribunal, que además califica de "verdadero limbo en la comunidad jurídica".

En su auto de diez folios, el juez hace una relación detallada de las torturas denunciadas por los cuatro presos ante los médicos que les atendieron tras su liberación, y que han dado pie a la apertura de esta causa, tales como "golpes", "rociamiento en los ojos", "agresiones sexuales" y todo tipo de tratos vejatorios e inhumanos.

Además, el juez solicitará al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que le remita la información que gira en torno a la causa, abierta por el magistrado, sobre los vuelos secretos de la CIA que habrían hecho escala en territorio español. No obstante, estas diligencias son independientes de la querella presentada contra seis miembros de la Administración Bush que sentaron las bases legales para la creación del sistema que rige en Guantánamo.