El cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, criticó ayer la intención del Gobierno de endurecer la reagrupación familiar en la nueva reforma de la Ley de Extranjería, y el Plan de Retorno para trabajadores extranjeros en paro.

En una carta pastoral, con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones, que se celebrará el próximo domingo, Rouco afirma que el inmigrante, como persona, no puede de ningún modo ser reducido "a instrumento a nuestro servicio".

El presidente de la Conferencia Episcopal recomienda además "cambiar la mirada", "despojándonos" de actitudes de repliegue egoísta, pues -reconoce- es "innegable" su contribución al crecimiento de la economía y bienestar. A su juicio, los cristianos deben participar en el debate político de la inmigración y acoger a todo extranjero, sea cuál sea su raza, cultura, religión y situación administrativa, atendiendo especialmente a los que son "víctimas de las esclavitudes modernas, como la trata de seres humanos".

"Hemos de rechazar la exclusión o discriminación de cualquier persona, con el consiguiente compromiso de promover sus derechos alienables", afirma Rouco en su carta, en la que también invita a mejorar la acogida y los procesos de integración en el contexto de la crisis económica.

El cardenal denuncia la situación de las familias inmigrantes, con matrimonios que se ven obligados a estar separados, o hijos separados de sus padres, "máxime -apunta- si, como se viene anunciando, se condiciona y dificulta la reagrupación familiar".

Por otro lado, Rouco pide a los trabajadores inmigrantes que mantengan una actitud "positiva y abierta", que requiere conocimiento y empeño, ante "los valores religiosos y culturales de nuestro pueblo y de los demás inmigrantes" y que desarrollen el sentimiento de pertenencia a la sociedad española.

A este respecto, el cardenal advierte de que "el sentimiento de provisionalidad", en el contexto de un cambio profundo de la manera de pensar y de vivir, puede llevar a preferir lo novedoso en detrimento de una "clara" jerarquía de valores, cayendo "fácilmente en el relativismo".

A la reforma de la Ley de Extranjería se refirió ayer también el presidente canario, Paulino Rivero, que exigió que incluya la atención a los menores inmigrantes no acompañados y la financiación correspondiente, para que el asunto se resuelva por ley y no por "la generosidad" de las comunidades autónomas.

Así lo manifestó el jefe del Ejecutivo regional en el Parlamento canario, en donde consideró que hay "avances importantes" en las modificaciones que se plantean en la citada reforma por parte del Gobierno central, pero no incluye la atención a los menores, lo que es de extraordinario interés para Canarias y Andalucía.

Por otra parte, el Ejército mauritano detuvo durante la madrugada del miércoles a unos 40 inmigrantes de origen subsahariano que intentaban abandonar clandestinamente el país con destino a las Islas Canarias. Se trata del primer grupo de inmigrantes indocumentados hacia España que es interceptado en Mauritania en 2009. El grupo, compuesto de 32 malienses, seis gambianos, un marfileño y un togolés, fue detenido en el límite de la frontera con Marruecos.