La Fiscalía se ha querellado contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobediencia y prevaricación, al permitir votar la hoja de ruta independentista, que "dinamita" el modelo de Estado, y "con total desprecio" a la Constitución. Forcadell, que presidía esta mañana un pleno del Parlament cuando la Fiscalía ha anunciado que hoy mismo había interpuesto la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), lo ha encajado con "tranquilidad", ya que no se plantea ser inhabilitada, y ha replicado que lo que "dinamita" al Estado es la "corrupción" o coartar la libertad de expresión y de iniciativa de los diputados.

En su querella, la Fiscalía atribuye a Forcadell los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) -que no acarrean penas de cárcel, sólo de inhabilitación- porque en el pleno del pasado 27 de julio permitió que la cámara catalana votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia. El escrito del ministerio público, presentado dos días después de que la Fiscalía General del Estado lo ordenara a la Fiscalía Superior de Cataluña, ha sido interpuesto ante el TSJC, dada la condición de aforada de Forcadell, por lo que ahora el alto tribunal catalán tendrá que decidir en los próximos días si lo acepta a trámite.

En su querella, la Fiscalía recrimina a Forcadell que utilizara "torticeramente" el reglamento del Parlament para poner en marcha por la "vía de hecho" su "designio secesionista", pese a las "claras advertencias" del TC, que la había instado a impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignorase la suspensión de las resoluciones soberanistas que habían dado pie a la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente. Para la Fiscalía, Forcadell actuó "manifestando una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma" y de los pronunciamientos del TC y de la Mesa del Parlament.

Con esta voluntad, según la querella, Forcadell "procedió a dar impulso al proceso constituyente de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlament, en la ordenación territorial del Estado y en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutaria, integrando una pura vía de hecho". "La querellada -sostiene la Fiscalía- posibilitó la aprobación de una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado del Título VIII de la Constitución".

La Fiscalía apunta que Forcadell no se puede amparar en el privilegio de la inviolabilidad de la que gozan los diputados, porque la ley sólo protege su libertad de expresión cuando contribuyen a conformar la voluntad de la cámara, pero no supone un "privilegio personal que les inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales ejecutados al margen o en contra del propio sistema parlamentario". En declaraciones a los periodistas, Forcadell ha denunciado que la querella "demuestra" que en el Estado "no hay separación de poderes" y ha asegurado que está "convencida" de que cumplió con sus funciones como presidenta. Además, ha advertido de que su inhabilitación sería "un ataque tan grande a la democracia" que no lo contempla "de ninguna manera".

Por el contrario, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmado que Forcadell debe dar "un paso atrás" si finalmente va a juicio, mientras que Ciudadanos ha mostrado su respeto por la decisión de la Fiscalía y ha apuntado que la ley es igual para todos. ERC ha avisado que si Forcadell es inhabilitada, el Parlament actuará "en consecuencia" y la reafirmará como presidenta de la cámara, mientras que Cataluña Sí que Es Pot (CSQP) ha rechazado la querella y ha reclamado que no se "criminalice la democracia".