El Tribunal de Cuentas ha pedido al Gobierno valenciano, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, información sobre irregularidades en las consejerias de Presidencia, Infraestructuras y Economía reflejadas en el Informe de la Sindicatura de 2013. 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo ha revelado así en el pleno de Las Cortes, durante la primera sesión de control de este periodo de sesiones, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PP, Isabel Bonig, sobre el cumplimiento del Plan Económico Financiero (PEF) de la Comunidad Valenciana 2016-2017. 

Puig ha explicado que a la Generalitat "no paran de llegar denuncias de todo tipo", la última de ellas de la Fiscalía de la Tribunal de Cuentas, que pide que se informe de contratos que Bonig hizo de manera "ilícita o ilegal" cuando era consellera de Infraestructuras. En varias consejerias, ha dicho, había expedientes que no contenían factura de gasto, una ausencia de justificación documental de los criterios seguidos para elegir contratistas -no se solicitaron varios presupuestos- y posibles fraccionamientos de contratos, según el informe de la Sindicatura de Comptes de 2013. 

Puig ha defendido que el actual Consejo actuará de manera muy diferente al anterior, donde algunos se dedicaban a "robar" y otros a "gestionar fatal". Previamente, Bonig había acusado a Puig de "alta traición" por abrir las puertas del Palau de la Generalitat a quien quiere "romper España" -en alusión al encuentro del lunes con el presidente catalán, Carles Puigdemont-, a lo que ha seguido el decreto de plurilingüismo, que pretende "la inmersión lingüística". 

"Vergüenza sentimos los valencianos de nuestro presidente", ha asegurado Bonig, quien ha lamentado que ha comenzado "la catalanización de esta tierra" y ha expresado su temor de que se quiera reformar el Estatuto de Autonomía para cambiar la denominación y el idioma de la Comunidad Valenciana. 

"Yo también soy España, igual que ustedes", ha reivindicado el president, quien ha añadido: "Yo quiero ser España, y quiero ser español con los mismos derechos que todos los ciudadanos de España, y no con 1.300 millones menos".