El tribunal del caso Nóos declaró ayer visto para sentencia el juicio en el que están acusados la infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarin, y otras quince personas después de casi seis meses de vista oral.

La presidenta del tribunal, Samantha Romero, declaró concluido el juicio una vez cumplido el trámite final de conceder la última palabra a todos los acusados, uno por uno. Ni la Infanta ni su esposo quisieron hacer uso de ese derecho. "Nada que decir, su Señoría; muchas gracias", dijeron ambos. La defensa de Cristina de Borbón pidió su absolución, descargando en su marido las responsabilidades. Se prevé que pasarán meses antes de que haya sentencia.

El abogado defensor de la infanta, Pau Molins, pidió al tribunal la "merecida absolución de doña Cristina de Borbón" y que se "restablezca por fin la Justicia para que nadie pueda dudar en el futuro de su inocencia".

Minutos antes de que el juicio quedara visto para sentencia, el abogado pidió a las juezas una resolución absolutoria que transmita a la sociedad el mensaje contundente de que la Justicia "se aplica en condiciones de igualdad para todos, sin favorecer pero tampoco sin perjudicar a nadie por razón de su linaje, de su estatus social o de lo que se diga en los juicios paralelos".

Molins fue el último abogado en intervenir en el juicio y cuestionó por "temeraria" y "maliciosa" la acusación ejercida por Manos Limpias contra la hermana del Rey como presunta cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, en el IRPF de 2007 y 2008.

Calificó de "absolutamente desproporcionada" y "proscrita por el Código Penal" la pena de 8 años que pide el sindicato porque "jamás nadie ha sido objeto de semejante petición de condena" por un delito fiscal y la atribuyó a la búsqueda de notoriedad y repercusión mediática por parte de dicha organización.

Molins defendió que Aizoon, la empresa que la Infanta y su marido comparten al 50%, fue creada para canalizar los ingresos de Urdangarín como consultor y para actividades inmobiliarias y no como sociedad pantalla para defraudar a Hacienda como sostiene la acusación, que considera que el ex duque de Palma la interpuso para beneficiarse al tributar mediante impuesto de sociedades en vez de IRPF y además desgravarse gastos.

En su alegato final, el letrado insistió varias veces en que Urdangarín era el único administrador de hecho y derecho de Aizoon y en que ejercía "un dominio absoluto y exclusivo sobre la compañía", donde la Infanta "se limitaba a rubricar sin pedir explicaciones" por una cuestión de confianza, porque el matrimonio se había repartido las tareas y doña Cristina no tenía tiempo.

Nada sabía la Infanta de las obligaciones contables y fiscales de la empresa familiar y "siempre ignoró qué concretos gastos eran atribuidos a Aizoon y de qué manera eran contabilizados o declarados fiscalmente ni si dicho tratamiento fiscal era o no el correcto", detalló Molins. Si bien negó que Urdangarín incurriera en fraude fiscal, el letrado dijo que si el tribunal entendiera que sí lo cometió, "su esposa deberá quedar eximida de toda responsabilidad" porque ni lo facilitó ni tuvo conocimiento al respecto, y su única contribución activa a Aizoon fue prestar su consentimiento cuando fue creada, 5 años antes del presunto delito.

Según Molins, la Infanta no era "ni remotamente consciente de que su esposo pudiera estar cometiendo delitos fiscales ni que con sus conductas pudiera estar favoreciendo dicho delito".

Tras el informe de Molins, la presidenta del tribunal ha concedido el turno de última palabra a los 17 acusados que, uno por uno, rehusaron utilizarlo, por lo que la magistrada declaró el juicio concluso y visto para sentencia.

El tribunal que se ha encargado de juzgar el caso Nóos podría dictar sentencia a finales de año, previsiblemente a partir de octubre o noviembre, según estiman partes personadas en el procedimiento judicial. Las magistradas, no obstante, eludieron pronunciarse ayer al respecto.