El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tildado de "ataque directo a la independencia judicial" las manifestaciones convocadas frente a su sede en apoyo de la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau, que han declarado que no desobedecieron al Constitucional el 9-N. Ortega y Rigau han comparecido ante el tribunal como imputadas a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por la consulta alternativa del 9-N, en la que se las acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

Arropadas por miembros del gobierno catalán, ambas han sido recibidas a su llegada a la sede del tribunal por centenares de personas que enarbolaban banderas esteladas, clamaban "independencia" y entonaban el himno de Els Segadors, en unas concentraciones convocadas por las entidades soberanistas.

En sus declaraciones ante el TSJC, Ortega y Rigau se han negado a responder a las preguntas de la Fiscalía y las acusaciones particulares en un "juicio político", según lo ha tildado la actual vicepresidenta catalana, Neus Munté, tras la reunión del Gobierno catalán. Munté, como el resto de miembros del Govern excepto el presidente Artur Mas -que declarará el jueves-, ha arropado ante el TSJC a Rigau (CDC), por la mañana, y a Ortega (UDC), por la tarde, quienes también han recibido el apoyo de los dirigentes de Unió -tildados de "botiflers" (traidores) por algunos manifestantes-, de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot, la CUP, la ANC y Òmnium Cultural.

En un comunicado, la sala de gobierno del TSJC ha dicho que los actos de apoyo ante su sede a los imputados son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento "aún más inadmisible" cuando es una estrategia diseñada por cargos públicos. El TSJC ha alertado de que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su apoyo a los jueces catalanes ante el "intolerable" ataque a su independencia por parte de aquellos que han cuestionado su actuación en la querella por la consulta alternativa del 9-N. En un comunicado, el CGPJ hace suya la declaración de este órgano autonómico y muestra su apoyo a los jueces catalanes.

Por su parte, la ex vicepresidenta Ortega ha alegado que la organización de la consulta estaba en manos de voluntarios cuando el Constitucional la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia de haber desobedecido, ni de haber dictado ninguna resolución injusta, ni mucho menos cometido ninguna irregularidad económica". Ortega ha señalado que no es bueno "criminalizar un acto político democrático y pacífico" como el 9-N, porque estos asuntos se tienen que "dirimir con diálogo, consenso y con voluntad de pacto".

Mientras, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha explicado por la mañana que no ha respondido a la Fiscalía porque le es "difícil de entender" el cambio de criterio de este órgano, que se querelló contra ella después de que los fiscales de Cataluña consideraran que no había lugar a la acusación. La consejera en funciones ha asegurado ante el juez que no dio "ninguna orden ni instrucción a los directores de instituto" para la organización del 9-N y que se limitó "simplemente a informarles de que los centros podrían ser usados" por parte de voluntarios.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la labor desempeñada por la Fiscalía en Cataluña y ha asegurado que no entiende "los comentarios" en contra de Rigau. La dirigente del PP Andrea Levy ha denunciado que el consejero de Justicia, Germà Gordó, se haya sumado al "acto de presión" contra el TSJC, un gesto que ha llevado a los populares a pedir su dimisión. Asimismo, el líder del PPC en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol, ha criticado que las concentraciones ante el TSJC demuestran una "falta de respeto" de la Generalitat respecto al poder judicial.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha lamentado las imputaciones por el 9-N, pero ha criticado que se hayan convocado manifestaciones ante los juzgados, algo que "no es propio" porque, ha dicho, "puede ser un intento de condicionar la justicia". La líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, ha recordado que "los políticos del siglo XXI no deben estar por encima de las leyes", y ha mostrado "respeto" a los manifestantes.

A última hora de la tarde, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha leído en una plaza Sant Jaume llena de ciudadanos el manifiesto contra las querellas que considera "antidemocráticas" contra Mas, Ortega y Rigau, un acto que se ha repetido en Gerona, Lérida y Tarragona, entre otras localidades catalanas. Ante representantes del Gobierno catalán, miembros de CDC, ERC, Unió, ICV, EUiA y la CUP, así como líderes sindicales CCOO y UGT, que sostenían urnas como las utilizadas el 9N, Colau ha leído el manifiesto firmado por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, donde se acusa al Gobierno central de provocar una "anomalía democrática" al "judicializar" el 9-N.

Por su parte, el Gobierno considera "inadmisible" que miembros del Ejecutivo de la Generalitat encabecen manifestaciones ante la sede del TSJC en apoyo a los imputados. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha conocido estos hechos en Nueva York, donde ha presidido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y fuentes de su Ejecutivo han criticado la participación en esa manifestación de representantes del Gobierno de Artur Mas. Estas fuentes han llegado a comparar esa actuación con la posible presencia de ministros del Gobierno en una manifestación ante el Tribunal Supremo, una imagen que han dicho que daría la vuelta al mundo en los informativos. Para el Gobierno, en una democracia hay un poder legislativo, otro ejecutivo y otro judicial y es este último el que determina si las conductas de las personas se adecúan o no a la ley.

En ese sentido, han interpretado que "vulnerar la ley es liquidar la convivencia" y han subrayado que si no se cumpliesen las leyes, la situación se asemejaría a las películas del Oeste. El Gobierno subraya que se ha pretendido presentar la decisión del TSJC de citar a los representantes de la Generalitat, y en concreto la fecha de la citación a Mas, como una jugada del Ejecutivo central y han recalcado que eso no es verdad. En esa línea, las fuentes han insistido en que el TSJC ha actuado libremente dentro de sus competencias y han recordado que, en virtud de ello, han citado en determinados momentos a representantes de diversos partidos, entre ellos del PSOE y del PP Por ello, han recalcado que si cuando un juez imputa o condena se organiza una manifestación que no se sabe si es para presionar al juez, se está actuando de una forma que tiene poco que ver con el Estado de Derecho. Una imagen que han precisado que es muy negativa para España y "un mal mensaje".