La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, pide 60 años y ocho meses de cárcel para el ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y da por "acreditada" la existencia de una "contabilidad paralela o caja B" en esta formación constituida por fondos que no se declararon a Hacienda. El escrito señala que Bárcenas se encargaba de la "llevanza", junto al también ex tesorero popular Álvaro Lapuerta, de una caja B del PP entre los años 1990 y 2008, denominada así por "no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública".

Los servicios jurídicos del Estado, que acusan a 20 personas únicamente por los delitos contra la Hacienda Pública y otros conexos (como falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa), señala que durante el periodo en que ocupó el cargo de gerente del PP y, "prevaliéndose de las funciones que el mismo le otorgaba, pudiera ser que (Bárcenas) se apoderara de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad creada, al margen de la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal de Cuentas".

De igual forma, entre 2001 y 2002 el ex tesorero popular también procedió a desviar fondos, esta vez, "lícitos y declarados a la Hacienda Pública, de entidades en cuya gestión podría haber intervenido para usos propios como el pago de viajes y servicios turísticos organizados por la empresa de Francisco Correa Pasadena Viajes.

Además, "a fin de ocultar el origen y propiedad de las rentas procedentes de la actividad descrita anteriormente y poder aflorarlas desvinculándolas de dicho origen", Bárcenas utilizó, en "connivencia" con su esposa, Rosalía Iglesias, varios procedimientos de "facturación ficticia y "un entramado financiero constituido en entidades bancarias suizas".

De igual modo, el antiguo responsable de las finanzas 'populares' procedió a "aflorar fondos al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte", operativa que también utilizó Rosalía Iglesias para "aflorar recursos propios".

La Abogacía del Estado dirige su acusación contra cuatro autores de los delitos fiscales: Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, para la que pide cuatro años y dos meses de cárcel; el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, para el que reclama 11 años y medio; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, para el que solicita otros 20 años.

Además, considera cooperadores necesarios de estos delitos a otras 16 personas, entre las que se encuentran los presuntos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís; la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; la esposa de López Viejo, Teresa Gabarra; y el testaferro de Bárcenas en Suiza, Iván Yáñez. Completan la lista de acusados por la Abogacía del Estado el contable de la red, José Luis Izquierdo; Isabel Jordán, Alicia Mínguez, Javier Nombela, Luis de Miguel, Antonio Villaverde, Jacobo Ortega y Jacobo Gordon.