El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha decidido renunciar a su cargo "por razones personales", según ha informado la institución que ha dirigido hasta este jueves en un comunicado. La Fiscalía explica que Torres-Dulce, quien ahora regresará a su plaza en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, ha comunicado su decisión al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Torres-Dulce señaló en su última comparecencia ante el Congreso, que se celebró el pasado el pasado 26 de noviembre, que nunca fue un fiscal "proclive al Gobierno".

Lo hizo en relación con la querella que pocos días antes, el 21 de ese mes, la Fiscalía presentó contra el presidente catalán, Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consellera Irene Rigau, a los que acusaba de desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones y malversación por "sobreponer su visión partidista" a la suspensión del 9-N ordenada por el Constitucional. La presentación de la querella se pospuso durante casi dos semanas por discrepancias entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado, mientras que desde la oposición política al Gobierno y los partidos proclives al soberanismo catalán se apuntaron posibles presiones sobre Torres-Dulce para que acusara a los convocantes de la consulta. Finalmente la querella se interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Días después, en la que ya es su última comparecencia ante el Parlamento, Torres-Dulce respondió a la oposición, cuando varios portavoces le reprocharon haber actuado a las órdenes del Ejecutivo en este caso, poniendo como ejemplo su papel en el caso Bárcenas.

"No se me puede decir que sea un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Barcenas y solicito prisión para él", señaló ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde presentó la memoria anual de la Fiscalía General de 2013. "No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer", subrayó entonces Torres-Dulce, quien el próximo 27 de enero hubiera cumplido tres años al frente de la Fiscalía.

El Gobierno ha recibido la dimisión del fiscal con "absoluto respeto a su decisión" y le ha agradecido su "eficacia y entrega" en defensa de "la legalidad y el orden constitucional", al tiempo que ha destacado que siempre ha actuado con "plena objetividad e independencia". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro que la salida del fiscal general del Estado se debe a  "razones exclusivamente personales", al tiempo que ha negado posibles "injerencias". Lo mismo ha declarado Catalá, quien ha desvinculado  "absolutamente" la renuncia con  la querella contra Mas.

La oposición sospecha de "presiones" y pide explicaciones

Muy críticos se han mostrado los partidos de la oposición ante este anuncio. La mayoría de las formaciones creen que ha habido "presiones" por parte del Ejectutivo y han solicitado a Rajoy que dé explicaciones en el Congreso sobre la salida de Torres-Dulce.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha acusado al presidente de haberle "hecho dimitir por miedo", y le ha exigido que acuda al Congreso de manera "inmediata" a dar explicaciones. "El fiscal ha dimitido porque el Gobierno lo ha presionado", ha afirmado el portavoz socialista. Hernando ha hecho "principal responsable" de esta dimisión a Rajoy y ha denunciado que es "absolutamente inaceptable" la actitud del Gobierno con las instituciones. Por eso, ha anunciado que su partido pedirá la "comparecencia inmediata" del jefe del Ejecutivo en el Congreso.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha coincidido con los socialistas en pedir aclaraciones, sobre todo, después de que Torres-Dulce denunciara "injerencias y falta de medios" en la Justicia. Díez ha reprochado al fiscal que haya tenido "falta de valor" en algunas cuestiones y que haya llegado "tarde" muchas veces de manera injustificada.

Para el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, la dimisión del fiscal general del Estado tiene que ver con las presiones del PP y del Gobierno para garantizar la "impunidad" de sus cargos afectados por la corrupción, aunque ha asegurado que Eduardo Torres-Dulce se ha plegado casi siempre a los deseos del PP.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha afirmado que todo es fruto de las "desavenencias" con el Gobierno, en especial, las mantenidas en torno a la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña.  Duran i Lleida ha considerado la marcha del fiscal una "decisión grave" por la que el Gobierno debería dar explicaciones "al máximo nivel", para lo que CiU está en contacto con otros grupos para ver si presentan en bloque la petición de comparecencia. Según el diputado de ERC Joan Tardá, al fiscal "no le perdonan" que no hiciera el trabajo "sucio" de parar la consulta soberanista en Cataluña, pero ha advertido de que ni el fiscal que sustituya a Torres-Dulce ni tampoco el presidente podrán parar la voluntad del pueblo catalán. Joan Coscubiela, de ICV, ha señalado que al PP le molesta la democracia y ha advertido de que o bien la ciudadanía, con su voto, acaba con el PP "o el PP acaba con la democracia". Desde Amaiur, Iker Urbina ha dicho que Torres-Dulce es el "primer damnificado" por el debate soberanista y se ve que el Gobierno está dispuesto a hacer "cualquier cosa" para conseguir sus objetivos como presionar al Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado.

Por último, ante el anuncio, la Asociación de Fiscales ha querido mostrar su "consternación y preocupación por la pérdida que ello supone para la Carrera Fiscal". También ha destacado su "dignidad y buen hacer" en el desempeño del cargo en unos momentos especialmente difíciles.

Relevo en el cargo

Por lo demás, se prevé que el Consejo de Ministros, probablemente este viernes, pondrá en marcha el procedimiento para llevar a cabo el nombramiento del sustituto de Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del Estado, que implica "una triple vuelta", ha explicado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

Primero el Consejo de Ministros realizará una propuesta de nombramiento, que remitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitirá un informe sobre la candidatura propuesta por Ejecutivo, que después se remitirá al Congreso, donde el candidato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia, que debe valorar su idoneidad. Una vez que la Comisión de Justicia dé el visto bueno al candidato propuesto, su nombre será comunicado al Rey y podrá procederse al nombramiento.