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España

Canarias suspende la consulta sobre prospecciones tras recurrirla el Gobierno

  • El Ejecutivo considera que el Gobierno canario pretende celebrar un auténtico referéndum, competencia que corresponde exclusivamente al Estado.

El Gobierno de Canarias suspenderá los procedimientos relacionados con la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente sobre su legalidad. No obstante, el Ejecutivo canario ha expresado en un comunicado su confianza en que el Constitucional avale la consulta al entender que "es absolutamente legal y no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución española".

Recuerda que el recurso anunciado por el Gobierno de España supone la suspensión automática y cautelar del proceso, lo que no significa que el Alto Tribunal pueda dictar una resolución favorable a las tesis defendidas por el Gobierno de Canarias cuando dictamine sobre la continuidad o no de esta medida cautelar, para lo que dispone de un plazo de hasta cinco meses. El Gobierno canario subraya que tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía "son plenamente constitucionales". Entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, "plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España".

Para el Ejecutivo regional, la consulta prevista para el 23 de noviembre "tampoco supone un referéndum encubierto" porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo ni se gestiona por la administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Además, apostilla, los ciudadanos pueden expresar su opinión por medios telemáticos y no solo de forma presencia, pudiéndolo hacer de forma prolongada en el tiempo.

En relación a la pregunta "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?", tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, agrega. Por el contrario, pregunta por el modelo ambiental y turístico de archipiélago, competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno considera que Madrid ha tomado la decisión de que los canarios no puedan pronunciarse sobre este tema y ha buscado excusas que le den apariencia de legalidad, cuando la realidad es que es "una decisión política de tintes autoritarios porque impide la participación democrática de los canarios". El Ejecutivo destaca que seguirá defendiendo el derecho de los canarios a expresarse sobre un asunto que puede comprometer su actual modelo medioambiental y turístico. "La decisión del Gobierno de España solo pretende acallar la voz de los canarios, demuestra un talante antidemocrático y no responde al interés general, sino al interés de una empresa privada", subraya. El Gobierno canario señala que seguirá respaldando cuantas iniciativas se presenten en los ámbitos de decisión política, especialmente ante los órganos de la Unión Europea, en contra de las prospecciones.

El Gobierno recurrirá al Constitucional la consulta sobre las prospecciones en Canarias

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la consulta convocada por el Ejecutivo de Canarias en relación con las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, convocada para el 23 de noviembre, según ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que tras recibir el informe del Consejo de Estado apoyando el recurso que el Gobierno solicitó interponer ante el Constitucional contra la consulta canaria, el Ejecutivo ha decidido dar este paso.

La vicepresidenta ha avanzado que impugnarán dos decretos del Gobierno de Canarias relacionados entre sí y referidos a la consulta convocada por las prospecciones petrolíferas. Preguntada por la fecha de la impugnación, la vicepresidenta ha dicho que el Consejo de Ministros lo que hace es autorizar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que solicite la impugnación de estas actuaciones. Una vez firmada la petición de impugnación, que ya está rubricada, corresponde a la abogacía del Estado el registro ante el Tribunal Constitucional, por lo que ha señalado que la fecha no la podía decir. Aunque no se conoce la fecha, el próximo pleno ordinario del Tribunal Constitucional convocado es el 4 de noviembre.

A la cuestión sobre si el Ejecutivo en algún momento se ha planteado algún otro mecanismo para la consulta en Canarias, Sáenz de Santamaría ha señalado que se está hablando de competencias del Estado, no del Ejecutivo de Canarias. Ha añadido que Canarias tiene sus competencias, que el Gobierno respeta, y esta comunidad en el marco de sus competencias podrá tomar las decisiones que estime oportunas. "Estamos hablando de un referéndum sobre el ejercicio de una competencia que la Constitución atribuye al Estado", ha precisado. En este sentido, ha asegurado que "sobre esas competencias, no hay capacidad de negociación", ya que tanto las comunidades autónomas como el Estado deben ejercer cada uno sus respectivas funciones, y "otra cuestión es no cumplir o no respetar el marco competencial".

Este jueves el Consejo de Estado aprobó el dictamen favorable al recurso del Gobierno contra la consulta canaria sobre las prospecciones petrolíferas. La impugnación por el Gobierno central de un decreto o una ley aprobada por una comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional puede acarrear, si el Ejecutivo así lo solicita, como ocurre en este caso, su inmediata suspensión por un plazo de cinco meses. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que la consulta será suspendida por el Tribunal Constitucional porque es "ilegal". El Consejo de Ministros acordó el pasado día 10 solicitar el dictamen al Consejo de Estado, con lo que se iniciaba el trámite para la presentación del recurso al Constitucional.

Según la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno justifica la impugnación del decreto que aprueba el reglamento de consultas a la ciudadanía al considerar que el Ejecutivo canario pretende celebrar un auténtico referéndum, cuando la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde exclusivamente al Estado. En cuanto a la impugnación del decreto por el que se convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa, el Gobierno argumenta que esta comunidad carece de competencia para convocar un auténtico referéndum y que se debe tener en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado. El Ejecutivo subraya que ambas impugnaciones se plantean con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos que se recurren.

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