Un año después de la derogación de la doctrina Parot, que supuso la excarcelación de terroristas, asesinos en serie y violadores, las víctimas reprochan al Gobierno no haber estado a la altura al no haber impedido la rápida salida de prisión de casi un centenar de reclusos.

Pero recriminan también al Ejecutivo y al Legislativo su "dejadez" por no haber regulado el control, vigilancia y seguimiento de los presos más peligrosos una vez fuera de la cárcel.

Así lo han manifestado varias asociaciones de víctimas un año después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pusiera fin a la respuesta que el Tribunal Supremo había dado siete años antes a un recurso del etarra Henri Parot, quien pedía acumular en una las veintiséis penas de condena. Nacía así en 2006 la doctrina Parot, que establecía que las redenciones de penas por beneficios penitenciarios debían descontarse de cada una de las condenas impuestas, no del tiempo máximo del cumplimiento, de forma que en la práctica se alargaba el tiempo en prisión.

"Fue el día de la infamia para todas las víctimas y supuso un antes y un después de este Gobierno para con ellas. Demostró de qué lado estaba", dice Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT. Insiste en que la sentencia no tenía que haberse aplicado "tan rápido", y recuerda que esa misma tarde del 21 de octubre del año pasado los ministros de Interior y Justicia le aseguraron que se excarcelaría a Del Río, pero que el resto iría "muy lento". "Se pasó de la esperanza a la traición", añade Pedraza antes de subrayar que el resultado de ese fallo no es solo que violadores hayan reincidido, sino también que un ex preso de ETA salga en un periódico de tirada nacional "diciendo que no se arrepiente y que volvería a matar", en alusión a la entrevista a Josu Zabarte, el carnicero de Mondragón, que no se arrepiente de sus 17 asesinatos. "Yo no he asesinado a nadie, he ejecutado". La AVT lo ha denunciado por apología del terrorismo.