El Gobierno valora la posibilidad de ampliar la vigencia de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, que acaba el próximo mes de noviembre, dado que esta medida "continúa siendo necesaria", a juicio del ministro de Economía, Luis de Guindos. Para él, las decisiones adoptadas por el Ejecutivo hasta ahora para proteger a los deudores hipotecarios de buena fe en situación de insolvencia sobrevenida están teniendo "un impacto positivo".

El ministro de Economía asegura que el Ejecutivo está "atento" a la evolución de los desahucios que, según los últimos datos del Banco de España, cayeron un 8,87% el año pasado en relación con las viviendas habituales, aunque se incrementaron en términos generales. También se redujeron un 57% las entregas judiciales con intervención de la Policía.

No obstante, durante 2013 aún se produjeron casi 39.000 lanzamientos de la vivienda habitual, lo que, en opinión del ministro, hace que "continúe siendo necesario" mantener medidas como la moratoria de dos años que se aprobó mediante decreto ley en noviembre de 2012 y que, por tanto, caducará en apenas tres meses. "Valoraremos la situación y si continúa siendo necesaria, que yo creo que continúa siéndolo, por supuesto se extenderá su duración", afirmó De Guindos al respecto.

En el mismo sentido, el Ejecutivo "continuará extendiendo el horizonte temporal" de otras medidas que ha adoptado en los últimos dos años para hacer frente a este problema, como el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que permite a los deudores insolventes acceder a reestructuraciones de deuda, quitas o incluso la dación en pago, así como a alquileres sociales. Medidas que, a juicio del titular de Economía, "están teniendo un impacto favorable" a la luz de los datos "positivos" que se van obteniendo. "Por tanto, mientras se den estas circunstancias (de dificultades para afrontar el pago de la hipoteca), el Gobierno continuará extendiendo el horizonte temporal de las medidas. Tenemos una predisposición absolutamente favorable, aunque aún no tenemos tomada ninguna decisión", añadió.

Lo que sí se sabe ya es que en el decreto ley de modificación de la Ley Concursal que el Gobierno aprobará, previsiblemente, en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, que se celebrará el 29 de agosto, se incluirá el cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil requerido por el Tribunal de Justicia de la UE para que los deudores puedan optar a presentar recurso contra una sentencia desfavorable como ya pueden hacer los acreedores.

En esta misma normativa se incluirán cambios para hacer "más sencillas" las quitas en caso de concurso de acreedores, como ya se ha hecho para los preconcursos, y también se dará la posibilidad de que antes de ir a la liquidación de la empresa haya una venta global sin deuda. "Eso sería más positivo tanto para la empresa y sus trabajadores, como para los acreedores", opina el ministro, que en cualquier caso descarta que se vaya a eliminar la prelación de cobro de los créditos públicos y laborales en los procesos concursales.