El juez instructor de la causa por supuesta financiación irregular del PPCV, dentro del caso Gürtel, ha acordado procesar al ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla y a las ex consejeras Milagrosa Martínez y Angélica Such por tráfico de influencias y prevaricación. Los tres son actualmente diputados del grupo popular en Las Cortes Valencianas, y tanto Rambla como Such fueron relevados el pasado mes de octubre de los cargos que ostentaban en la dirección parlamentaria del PP valenciano, dentro de la política marcada por el presidente Alberto Fabra de dejar sin responsabilidades públicas a los cargos imputados en causas judiciales.

El instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha cerrado la investigación sobre la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón valenciano de Fitur entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps, una de las piezas separadas dentro de la supuesta financiación irregular del PPCV. El instructor José Francisco Ceres también ve indicios de la comisión de un delito de cohecho pasivo en las ex consejeras de Turismo Milagrosa Martínez (que lo fue desde agosto 2004 hasta junio 2007) y Angélica Such (de julio 2007 a junio 2009), según ha informado el TSJCV.

El magistrado aprecia indicios de la comisión de un delito de cohecho activo en la cúpula de Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes. El instructor imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la Administración Pública y falsedad en documento oficial a los responsables de Orange Market Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Mónica Magariños, Isabel Jordán y Cándido Herrero.

También ve indicios de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en cuatro empleados públicos: el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret -condenado por aceptar regalos de la trama en la conocida como causa de los trajes-, el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro; la coordinadora de Ferias de la AVT, Ana Grau, y jefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, Isaac Vidal. Además, en el caso de Grau y Vidal añade el delito de falsedad en documento oficial. El instructor también aprecia indicios de un delito de prevaricación en el jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat, Juan Bover.

Por contra, el juez archiva la causa contra cinco imputados por no estar acreditada su participación en los hechos, entre ellos la ex directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat Dora Ibars. También ordena el sobreseimiento provisional de los hechos para José Luis Izquierdo, contable de las sociedades del denominado Grupo Correa; Mercedes Orts Cerdá, auxiliar contable de Orange Market SL; Rocío Perea Fernández, ejecutiva de cuentas de Special Events, y José María Casas Romero, jefe de sección de contratación y secretario de las mesas de contratación de Fitur 2007.

En el auto por el que da por concluida la instrucción y que no es firme -admite recurso de reforma ante el juez y de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal-, el juez pregunta a las partes si procede archivo, apertura de juicio oral o práctica de más diligencias. Para el caso de que las partes soliciten la apertura del juicio oral, el instructor les da diez días para que presenten sus escritos de acusación.

La investigación judicial se refiere a la contratación administrativa originada por la adjudicación por la AVT a Orange Market del diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en las ediciones de 2005 a 2009 de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur).