El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha justificado  la reforma del Código Penal para que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al terrorismo callejero ante "la espiral de violencia" que protagonizan colectivos antisistema con técnicas de guerrilla urbana. Así se ha pronunciado el titular de Interior en la sesión de control al Gobierno en el Congreso a preguntas de la diputada del PP María Ángeles Esteller sobre el anuncio del Gobierno de acometer diferentes reformas del ordenamiento jurídico que supondrán elevar las penas mínimas de cárcel a dos años a los que participen en actos vandálicos.

El titular de Interior ha recordado que estas acciones violentas se permiten desde hace "demasiado tiempo" en Barcelona, donde el día de la huelga general se produjeron destrozos por valor de medio millón de euros. "No se trata sólo de responder desde el Código Penal y el ordenamiento jurídico a iniciativas de guerrilla urbana que cada vez proliferan más en nuestras calles pero tampoco instalarnos en el buenismo jurídico", ha defendido Fernández Díaz, quien ha asegurado que existe una "espiral de violencia" que comienza en las conductas incívicas. A su juicio, estas acciones son la puerta de entrada a la delincuencia y por ello es "fundamental" una reforma "en profundidad" del ordenamiento jurídico, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

Fernández Díaz ha detallado que, en colaboración con el Ministerio de Justicia, pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande e introducir entre "las modalidades de acometimiento" (ataque violento dirigido contra un policía) las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos. Además se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no sólo a los que se produzcan en estos establecimientos, sino también los que se deriven de la interrupción de cualquier servicio público.

La reforma del Código Penal considerará delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público a través de cualquier medio de comunicación, incluido internet.

El ministro, que ha detallado varias de los puntos de la reforma, no ha podido sin embargo leer el referido a la convocatoria de actos violentos, ya que el presidente de la Cámara baja le ha indicado que el tiempo de su intervención había concluido. Así, Fernández Díaz no ha podido leer la parte de su exposición en la que decía que se incluirán como delito de pertenencia a organización criminal "las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que con tal fin se concierten por cualquier medio de comunicación".