Cumplimos hoy el segundo 28-F tras la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía y el balance de su desarrollo no puede ser más pobre. El Gobierno de Chaves gastó toda la legislatura anterior en culminar el proceso de reforma estatutaria haciendo clara dejación de funciones y de cumplir sus compromisos y han pasado dos años y el olvido del PSOE sobre el Estatuto de Autonomía se hace insultante.

Juntos logramos un Estatuto de primera para una Comunidad de primera, como es Andalucía. Juntos hicimos posible el acuerdo sobre un texto estatutario plenamente constitucional. Dos años después, Chaves ha desperdiciado la gran oportunidad histórica que representó esa unión de los partidos políticos. Su desinterés, sus incumplimientos y su sumisión al Gobierno de Zapatero están convirtiendo en papel mojado nuestro ambicionado nuevo Estatuto.

El Estatuto representa la mejor y más útil herramienta de trabajo para lograr que Andalucía progrese y pueda estar entre las primeras regiones de nuestro país, que buena falta le hace. Sin embargo, la realidad se encarga de corregir este objetivo. Para Chaves, el Estatuto ha dejado de ser una prioridad, un instrumento y ha optado por guardarlo en el cajón.

El problema para que Andalucía y, por tanto, El Puerto, avance no es el Estatuto. La excusa ya no puede ser la exigencia de un Estatuto adaptado a las necesidades del siglo XXI. El problema, antes y ahora, es el Gobierno del PSOE. Un buen Estatuto y un mal Gobierno están resultando una muy mala inversión para Andalucía.

En definitiva, el problema es que este Estatuto le viene grande a Chaves, que es mucho Estatuto para tan poco Gobierno. Que la falta de ideas, de ambición y políticas de Chaves tras 26 años de gobiernos sucesivos se demuestra claramente incompatible con el desarrollo de los andaluces.

De entre los muchos incumplimientos del señor Chaves con el Estatuto, con su propio programa y con los andaluces, es el inaceptable estrangulamiento político y financiero al que la Junta somete a los ayuntamientos, consecuencia de la falta de desarrollo normativo en relación al nuevo régimen local y su correspondiente sistema de financiación.

El Estatuto de Autonomía supuso, gracias a la posición del PP andaluz, el reconocimiento del importante papel de los ayuntamientos en la vida de los andaluces y en la organización territorial de Andalucía.

Sin embargo, el Gobierno socialista incumple sus compromisos con las corporaciones locales, puesto que hay que recordar que el Pacto Local, es decir, la transferencia de competencias y financiación a los ayuntamientos, es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno del PSOE, prometido ya en 1990.

La Junta asfixia financieramente a ayuntamientos como el de El Puerto con la prestación de servicios que no les corresponden ya que no pagan las deudas pendientes y además no les permite su participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma. Y no se perjudica a los ayuntamientos, sino a todos los ciudadanos que ven cómo pierden derechos por la incapacidad de la Junta y el afán de Chaves de no destinar dinero a los ayuntamientos y gastárselo todo en propaganda y rehabilitación de su Palacio.

Y desde luego, fracaso estrepitoso de Chaves en el cumplimiento de sus promesas educativas. Si el presidente de la Junta no se toma en serio la Educación de nuestros jóvenes, Andalucía no va ni a avanzar, ni a modernizarse ni a aprovechar sus potenciales.

Todo ello empobrece este balance en un día como el del hoy que hubiera deseado ser más positivo para bien de nuestra autonomía y beneficio de los andaluces. No puede ser. La parálisis administrativa, política y económica de la gestión de Chaves al frente de la Junta de Andalucía está significando un altísimo coste de oportunidad para nuestra tierra. Dos años después del nuevo Estatuto, sigo creyendo en su vigor y valía como instrumento útil. Pero dos años después, también sabemos que hará falta otro Gobierno distinto para cumplirlo y desarrollarlo y sacar a Andalucía de la cola del desempleo, la pobreza, la infravivienda, el fracaso escolar, la inversión pública y la prestación de servicios sociales.