La empresa municipal de suelo y vivienda Suvipuerto lleva varios años recibiendo malas noticias cuando llegan estas fechas en que hay que comenzar a preparar balances. En esta ocasión, se ha podido conocer la existencia de varias sentencias judiciales que obligarían ala empresa a realizar importantes desembolsos económicos, que pueden llegar a amenazar su continuidad. De esta forma, el equipo de Gobierno convocó ayer a los partidos de la oposición para tratar la supervivencia de la empresa municipal de Suelo y Vivienda, "lastrada económicamente desde hace años y que estos días tiene que hacer frente a varias sentencias judiciales que pueden suponer un desembolso económico por parte de Suvipuerto de en torno a los 500.000 euros", según ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

Dichas sentencias judiciales se deben, según se apunta en la nota, a "vicios ocultos y defectos de construcción" en las promociones de viviendas ejecutadas durante los años 2004-2006, que fueron denunciados por los propietarios a los que ahora la justicia da la razón tras varios años reclamando.

Ante esta situación, el Gobierno municipal ha manifestado que encara posibles vías de solución "con la prioridad de mantener el fin social de las viviendas municipales y los puestos de trabajo de la plantilla", tal como ha señalado la presidenta de Suvipuerto y concejala de Vivienda, Matilde Roselló, y por otro lado "decidir cómo y cuándo liquidar definitivamente la empresa".

A este respecto, el primer teniente de alcalde Antonio Fernández lamentaba durante la reunión que "estos 500.000 euros suponen la puntilla a una empresa municipal que ha pasado de tener un volumen de negocio de 8 millones de euros a convertirse en un enfermo en coma al que nos vemos obligados a desenchufar".

El alcalde David de la Encina recuerda, en este sentido, que los pleitos comenzaron en el periodo que va desde el año 2010 hasta 2014, momentos en los que la Tesorería de Suvipuerto podía haber alcanzado acuerdos mucho más satisfactorios pero que "nunca llegaron por la desastrosa gestión política y técnica de los gobiernos anteriores del PP y PA que por aquel entonces decidieron dar una patada hacia delante".

El alcalde continúa lamentando que "la incompetencia del PP-PA supuso convertir un problema que entonces tenía solución en un asunto que amenaza ahora el futuro de la empresa a corto plazo".

Poner estas soluciones sobre la mesa, añade el alcalde, "no es una decisión fácil ni grata, pero lo hacemos porque tenemos compromiso con la ciudad y somos conscientes de la realidad social de las personas que viven en el parque público de viviendas y porque consideramos que las empresas municipales deben ser un medio para mejorar El Puerto y no un instrumento de propaganda ni autobombo o especulación".

El alcalde ha lamentado de esta forma que "ahora le toca a este gobierno asumir los errores del pasado", al tiempo que ha querido dejar claro que "la preocupación fundamental del gobierno es la estabilidad del parque público de viviendas". En este sentido, ha manifestado que "bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que sean los vecinas y las vecinas de las viviendas municipales quienes paguen la nefasta gestión de IP, PP y PA", concluye el primer edil.