El pasado miércoles se celebraron las Juntas Generales de las empresas municipales El Puerto Global, Suvipuerto e Impulsa. En el orden del día se incluía la aprobación de la cuantía fija anual a percibir por sus correspondientes consejeros delegados.

Curiosamente, por los grupos políticos que ahora ostentan el control de dichas empresas, se ha propuesto retribuir la figura del consejero delegado. Digo curiosamente, porque mientras no tuvieron dicho control pidieron insistentemente la supresión de las citadas retribuciones. Han cambiado de criterio.

Y nos encontramos con la primera mentira: Se justifica desde IU y PSOE este cambio con que la Ley de Sociedades de Capital obliga a dicha retribución. Falso. La Ley de Sociedades regula justo lo contrario, que el cargo de administrador es gratuito a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario. Luego si existe remuneración de los consejeros delegados no es por obligación legal, sino por deseo de la Junta General que así lo ha recogido en los estatutos de cada sociedad. Pero los estatutos se pueden modificar, así que si el tripartito quiere suprimir los sueldos tiene en su mano el hacerlo, puesto que tiene el control de la Junta General que ha de aprobar la modificación. Si no lo hacen es simplemente porque no quieren.

En su propuesta de salario hablan de una reducción del mismo en un 15%. Donde antes se percibía un salario bruto de 1.000.- €, ahora pasa a ser de 850.- €. Pero, y aquí nos encontramos con la segunda mentira, no explican que ahora la empresa va a asumir el coste de la seguridad social de los consejeros delegados, con el consiguiente aumento de gasto para la empresa. Donde antes había un coste mensual de 1.000.- € (sólo salario), ahora el mismo va a suponer un total 1.116,34.- € mínimos (la suma de la retribución y el coste de seguridad social). Los números son claros, 1.116 es más que 1.000. Aumenta el coste.

Nuevamente se justifica esta medida en que ello viene obligado por la Ley de Sociedades. Ya estamos en la tercera mentira. La Ley de Sociedades no regula las cotizaciones a la Seguridad Social, eso es competencia de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que la Ley de Sociedades, norma de naturaleza mercantil, ha establecido tras su reciente reforma, es que entre las entidades y sus administradores sea obligado un contrato donde se detallen las remuneraciones que éstos vayan a percibir. Acogiéndose a esta obligación, el tripartito, que ahora controla las empresas municipales, ha redactado un contrato laboral especial de alta dirección en lugar de un contrato mercantil, que es a lo que están obligados. En este punto no sé si calificar la situación de mentira (y sería la cuarta) o de lapsus o cónfusión, figuras a las que el gobierno tripartito es muy asiduo. El consejero delegado en cuanto administrador de una sociedad no tiene un vínculo laboral con la empresa que administra sino mercantil, así lo ha declarado el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones. Por tanto, sólo cabe un contrato mercantil, el laboral es incompatible con la figura del administrador social.

Lo cierto es que, con este contrato laboral, el gobierno tripartito pretende, de forma irregular, que las empresas asuman las cotizaciones a la seguridad social que hay que pagar por los consejeros delegados; en vez de que sean éstos personalmente los que los abonen, tal y como sucedía en la etapa anterior, en la que eran esos cargos los que se pagan sus cotizaciones como autónomos, debido a que son administradores que poseen el control efectivo de la sociedad por su vínculo político directo con el Pleno del Ayuntamiento que es donde se encarna el capital social de las empresas municipales.

En conclusión, el gobierno tripartito ha pasado de exigir la supresión de las retribuciones de los consejeros delegados de las empresas municipales, tal y como reiteradamente hacían cuando no tenían el control de las mismas, a subir el coste que estas figuras van a representar para todas ellas, justificando este cambio de criterio en obligaciones legales que no son ciertas ni reales, dichas obligaciones las confunden o directamente se las inventan.

Ciertamente las funciones ejecutivas que desarrolla un consejero delegado en las empresas entiendo que deben ser remuneradas, en especial por la responsabilidad personal que asumen en el buen funcionamiento de las mismas. Pero lo que pretende el tripartito con este cambio no es rectificar un criterio, lo que sería de sabios, sino mentir y engañar a la ciudadanía.