La titular del Juzgado número 5 de El Puerto ha admitido a trámite la denuncia remitida por la Fiscalía Provincial de Cádiz al apreciar indicios de un delito de prevaricación en los actos administrativos realizados en 2010 por parte de la empresa municipal de aguas de El Puerto, Apemsa, al prorrogar sin concurso público varios contratos de prestación de servicios con Aqualia, entre ellos el de la gestión de la depuradora de aguas residuales de Las Galeras.

Así, en las próximas semanas tendrán que acudir a declarar en calidad de imputados los integrantes del consejo de administración de la empresa que votaron a favor de dicha decisión, y que son el ex alcalde portuense y ex presidente de Apemsa, Enrique Moresco; el ex gerente de la sociedad, Juan Campos; el actual consejero delegado, Daniel Pérez, y los entonces consejeros Carlos Montero y José Manuel Caqui Botella.

Quien de momento queda fuera de esta citación realizada por el Juzgado portuense es el actual alcalde popular, Alfonso Candón, quien en su calidad de aforado, por ser miembro del Congreso de los Diputados, tendrá que seguir otro procedimiento para prestar declaración por estos hechos, en principio ante el Tribunal Supremo, aunque de momento no se ha determinado cómo se seguirá adelante con este procedimiento.

Por parte de la plataforma ciudadana 'Apemsa no se vende', que fue quien llevó los supuestos hechos delictivos ante la Fiscalía, piden a Candón "que renuncie a su condición de aforado en este asunto, ya que se trata de unos hechos que tuvieron lugar antes de que fuera miembro del Congreso de los Diputados", defiende Juan Clavero, uno de los integrantes de la plataforma, quien confía en que la Justicia "sea rápida en este asunto, ya que de otra manera se cae en la impunidad".

Desde la plataforma entienden además que la apertura de una pieza separada por la condición de aforado de Candón no haría más que dilatar el proceso, por lo que consideran que sería una forma de blindarse ante la Justicia "que no entienden los ciudadanos".

La plataforma 'Apemsa no se vende' se va a personar además como acusación particular en el proceso, como anunciaron sus dirigentes el pasado viernes en rueda de prensa.

Fue a finales del pasado mes de septiembre cuando se conoció el decreto de la Fiscalía mediante el cual se decidía remitir al Juzgado de El Puerto la causa denunciada por la plataforma, tras haberse adjudicado contratos sin concurso público a la empresa Aqualia -hoy socio tecnológico de la empresa municipal- por un importe de 32 millones de euros desde los años 90. El fiscal apreciaba en su escrito un posible delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.