El Ayuntamiento emitió ayer un comunicado de prensa valorando algunas de las declaraciones realizadas el pasado lunes por los miembros de la plataforma ciudadana 'Apemsa no se vende', tras haber trascendido un informe de la Fiscalía mediante el cual se pide la imputación del ex-gerente de Apemsa y de los miembros del Consejo de Administración que en 2010 aprobaron la prórroga por seis años a Aqualia del contrato para la explotación de la depuradora de Las Galeras y el mantenimiento de la red de alcantarillado. El fiscal habla en su informe de un supuesto delito de prevaricación y de otro posible de malversación de fondos públicos.

En el comunicado municipal se aseguraba que "a fecha de hoy -por ayer- ni en el Ayuntamiento ni en Apemsa se ha recibido ninguna notificación al respecto, ni del Juzgado ni de la Fiscalía; por tanto, apenas puede haber pronunciamiento sobre ello, pues se desconocen los términos exactos del escrito".

No obstante, el Ayuntamiento quiso aclarar que "la prórroga de los contratos de Aqualia a los que se refieren los miembros de la citada Plataforma contó en todo momento con el respaldo de los pertinentes informes técnicos, jurídicos y económicos".

La nota de prensa añade que "aunque se desconocen los términos exactos del escrito redactado por la Fiscalía y, teniendo en cuenta que la prevaricación es un delito que consiste en que la autoridad o funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha decisión es injusta, y que uno de sus principales requisitos es que la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario, se entiende que no sería aplicable a los miembros de un Consejo de Administración de una Sociedad Anónima. De hecho, si hubiera habido irregularidad alguna sería administrativa y no prevaricación y menos aún malversación de fondos de públicos, que siempre implica el ánimo de lucro", señalan en la misma nota de prensa.

Para los responsables municipales "resulta extraña una imputación por este concepto a una parte de los miembros del Consejo de Administración y no a la totalidad, máxime cuando el resto de los consejeros, es decir, María Gómez García, representante de IP (ahora CP), Matilde Roselló del Castillo, de IU y José Manuel Jiménez Lavi, del PSOE, se abstuvieron y no se opusieron a la decisión tomada, ni plantearon en ningún momento irregularidad alguna en la tramitación".

Esta última afirmación no es del todo cierta, ya que en las actas de los consejos de Apemsa celebrados en agosto y diciembre de 2010 se refleja que en la primera de las sesiones, fue la consejera de IU, Lourdes Roselló, la que planteó sus dudas sobre esta prórroga, mientras que en la sesión de diciembre fue María Gómez la que cuestionó al resto del Consejo sobre la legalidad de prorrogar el contrato sin más trámites, mientras que el consejero del PSOE también pidió tener acceso a los expedientes técnicos que justificaban dicha decisión.

En el comunicado emitido ayer por el Ayuntamiento también se expresa el deseo municipal de que no se realice "un juicio paralelo", pues como recuerdan "una imputación no es una condena".

El Ayuntamiento, finalmente, anuncia que pondrá el asunto en manos de sus servicios jurídicos, al igual que Apemsa.