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El Puerto

El fiscal ve fraude de ley en la prórroga a dedo de la gestión de la depuradora

  • El juzgado citará como imputados al ex-gerente de la empresa de aguas de El Puerto y al Consejo de Administración que aprobó la medida, incluidos Enrique Moresco y Alfonso Candón

La plataforma ciudadana 'Apemsa no se vende', que desde hace tres años viene luchando contra la venta de acciones de la empresa municipal de aguas de El Puerto -materializada la pasada primavera- presentó ayer públicamente el informe del fiscal en respuesta a la denuncia formalizada por la plataforma en abril, denunciando diversas irregularidades en la prórroga por seis años del contrato por parte de la empresa municipal a la firma Aqualia para la gestión de la depuradora y el mantenimiento de la red local de alcantarillado.

El informe del fiscal, fechado el pasado mes de junio, ya ha sido enviado a los juzgados portuenses y a través del mismo se solicita que se tome declaración en calidad de imputados al ex-director gerente de Apemsa, Juan Campos-Guereta León, así como a los miembros del Consejo de Administración de Apemsa que votaron a favor de dicha prórroga en sendos consejos celebrados en agosto y diciembre de 2010, entre ellos el entonces alcalde de El Puerto y presidente de Apemsa, Enrique Moresco, y el actual alcalde, Alfonso Candón, entonces consejero. También se citará como imputados al aún hoy consejero delegado, Daniel Pérez Lorenzo, y a los entonces consejeros Carlos Montero (PP) y José Manuel Cauqui Botella (PA). El fiscal también pide al juzgado que se tome declaración como testigos a José Joaquín Herrero Muñoz, subdirector financiero de Apemsa, y al redactor del informe técnico que sirvió de base a las obras objeto de denuncia -la construcción del tanque de tormentas-, Manuel Amaya Vidal.

Como explicaron ayer en rueda de prensa los miembros de la plataforma, todo se remonta al año 2013 cuando comienzan a recabar información sobre la gestión de Apemsa, para tratar de frenar la operación de venta del 49% de las acciones a un socio tecnológico. En esa búsqueda de documentación se topan con un contrato de 4,7 millones de euros suscrito con Aqualia, concesionaria de la depuradora, para la construcción de un tanque de tormentas y la ejecución de otras obras en la estación de bombeo de la Aurora.

En pocas palabras, poco antes de que terminara el contrato con Aqualia -en vigor desde 1989 a través de distintas filiales del grupo) el Consejo de Administración de Apemsa acordó, a propuesta del gerente, prorrogar el contrato con la empresa, sin concurso previo, a cambio de que Aqualia ejecutase unas obras presupuestadas en 4,7 millones de euros, obras que además le correspondía ejecutar a la Junta de Andalucía, a través del convenio de saneamiento acordado con el municipio.

Además, esta prórroga sin concurso previo incluía un nuevo contrato que también fue a manos de Aqualia, la explotación de la nueva depuradora de los centros penitenciarios, por un importe de 72.800 euros anuales más IVA.

El fiscal establece en su escrito que "en lo que se refiere a la prórroga del contrato, hay indicios de que se ha podido cometer un delito de prevaricación y procede presentar denuncia ante los juzgados de El Puerto". También expresa sus dudas en el informe sobre la necesidad de que dicho tanque de tormentas fuera tan urgente como para no poder esperar a la convocatoria de un concurso, ya que cono recuerda "la depuradora funciona desde 1995, quince años como para saber qué problemas tenía y qué mejoras hacer, por lo que no se entiende que justo antes de que se extinga el plazo de cumplimiento del contrato se aleguen razones de urgente necesidad para realizar esta obra. Se ha utilizado un fraude legal, ya que mediante el mecanismo de la prórroga lo que se ha hecho realmente es adjudicar una obra por importa de 4.700.000 euros por el sistema de adjudicación directa, vulnerándose todas las normas relativas, al menos, a la publicidad, posibilidad de que se presentasen ofertas distintas y sistema de adjudicación del contrato". Junto al posible delito de prevaricación por parte del Consejo de Administración y el ex-gerente, el fiscal dice que no puede descartarse "otro posible delito de malversación de caudales públicos".

Y es que otro aspecto que se destaca en el informe es que sobre el coste de las obras del tanque de tormentas, se pactó con la empresa un tipo de interés "mayor al que se podría haber obtenido de una entidad de crédito, sin que se haya justificado el motivo para ello y sin que se haya aclarado por qué paga esas obras el Ayuntamiento, cuando la administración legalmente responsable del pago es la Junta de Andalucía".

El contrato suscrito entre Apemsa y Aqualia establecía que una vez realizadas las obras, se devolvería el importe entre los años 2013 y 2014 con un interés del 3%, unas condiciones de financiación "que pueden haber supuesto un perjuicio para las arcas municipales, con el consiguiente beneficio del adjudicatario", dice el fiscal en su escrito.

La documentación aportada por la Plataforma a la Fiscalía señalaba que la Junta, incluso, había puesto a disposición del Ayuntamiento 5,4 millones de euros para acometer las obras necesarias (incluido el tanque de tormentas) a través del canon autonómico.

La Plataforma cifró ayer en 32 millones de euros el valor de las operaciones sin concurso previo suscritas desde principios de los 90 entre Apemsa y Aqualia.

La plataforma asegura que este episodio es tan solo "la punta del iceberg" de una serie mucho más larga de irregularidades en la gestión de Apemsa, que figuran en otra denuncia presentada en abril ante la Fiscalía (por el supuesto falseo de datos en la depuración de las aguas) y enlazan estos asuntos con la operación de venta de acciones de la empresa, que también está recurrida ante la justicia. El objetivo de la plataforma es "demostrar la existencia de una trama para favorecer a Aqualia". La plataforma estudia también personarse en esta denuncia que ya ha sido remitida a los juzgados portuenses.

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