Los votos a favor de Partido Popular, Partido Andalucista y Ciudadanos Portuenses fueron suficientes para aprobar ayer de forma inicial la nueva ordenanza municipal para la regularización de las viviendas ilegales, un documento que cosechó la abstención de Izquierda Unida y PSOE, aunque con un espíritu positivo, como matizaron los portavoces de ambas formaciones.

A pesar de que son más de 4.000 familias las que residen en diseminados sin regularizar a lo largo y ancho del término municipal, la sesión de ayer apenas congregó a una docena de propietarios, si bien tomaron la palabra antes de la aprobación del punto los portavoces de Fevema y Coave, las dos coordinadoras que aglutinan a los diseminados.

En el caso de Fevema su portavoz, Javier de Paula, lamentó que no se haya podido solucionar el problema que afecta a muchas familias a causa de las multas coercitivas, que se tendrán que pagar a pesar de este procedimiento de regularización. Por parte de Coave su presidente, José Antonio Castro, lamentó la existencia de una legislación supramunicipal que calificó de injusta, en referencia al trazado del Corredor Verde previsto en el Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz (POTBC), que sigue sin dar solución a las demandas de las familias cuyas viviendas se ubican en esta zona, a pesar de la aprobación de la ordenanza municipal.

Tanto el equipo de gobierno como los representantes de los vecinos coincidieron en que el documento no es la panacea para el problema de las viviendas ilegales, aunque sí reconocieron que ha existido un amplio consenso entre todas las partes afectadas.

La edil de Urbanismo, Leocadia Benavente, destacó que en el documento, que podrá entrar en vigor para el próximo otoño tras el periodo de alegaciones y la aprobación definitiva, "se ha recogido todo lo que puede favorecer la regularización, dentro de la legalidad".

La sesión contó con las bajas de un buen número de concejales, algo normal a finales del mes de julio. Así, los andalucistas contaron solo con la mitad de sus ediles, lo mismo que los socialistas, mientras que en Izquierda Unida hubo también una baja. En Ciudadanos Portuenses faltó la dimitida María Gómez, cuya renuncia también se ratificó en la sesión y se aprobó su próxima sustitución por Javier Cuvillo, número 7 de la lista de IP a las municipales.

Tanto la portavoz de Ciudadanos Portuenses, Silvia Gómez, como el portavoz socialista, David de la Encina, hicieron referencia a la dimisión del ex-concejal popular de Urbanismo, Diego Muñoz, precisamente por discrepancias en torno a la aprobación de este documento, que estuvo a punto de ir a pleno hace nueve meses. Fue el portavoz andalucista, Antonio Jesús Ruiz, el que destacó las diferencias entre aquel momento y el presente, recordando que entonces el documento no contaba con los parabienes de los técnicos municipales de Urbanismo ni de las entidades vecinales. También arrojó sombras sobre aquel proceso, asegurando que en esta ocasión "no ha habido reuniones de ningún profesional vinculado a nadie del equipo de gobierno ni de la oposición". Leocadia Benavente también ratificó el apoyo de los técnicos al actual texto, recordando que el anterior borrador "no había salido de ellos" y que los vecinos "no habían tenido información". Aquel primer borrador contemplaba un proceso diferente de regularización, a través de convenios de gestión, mientras que ahora se ha optado por un sistema de compensación que según aseguró la concejala, será más ágil y menos gravoso para los interesados.

Izquierda Unida motivó su abstención en las dudas que tienen sobre el reparto de los espacios destinados a equipamientos, que temen que pueda recaer en aquellos propietarios que se hayan atenido a la legalidad y cuenten con parcelas sin construir, mientras que los socialistas se interesaron por los costes que tendrá esta regularización para los vecinos, al tiempo que pidieron que el dinero que el Ayuntamiento ingrese a través de este proceso se destine de forma íntegra a los sistemas generales de la ciudad.

El alcalde, Alfonso Candón, que no intervino durante la sesión, emitió tras la misma un comunicado en el que señaló que este proceso será "un revulsivo y motor para la economía portuense, porque va a suponer un movimiento económico importante para profesionales de distintos sectores, que se verán implicados directamente en la regularización de estas viviendas".