A las nueve de la mañana de hoy se celebra un pleno municipal extraordinario cuyo principal asunto del orden del día es la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Regularización de Viviendas.

La concejala de Urbanismo, Leocadia Benavente, presentó ayer en rueda de prensa las principales novedades que recoge este documento, con el que el Ayuntamiento quiere poner orden en el panorama urbanístico de una ciudad que ha crecido durante muchos años sin orden ni concierto, a raíz de la proliferación de viviendas ilegales en más de medio centenar de diseminados repartidos por el término municipal.

Serán unas 4.000 familias las que se puedan beneficiar de las ventajas que conllevará esta regularización ordenada, tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aunque como es lógico los propietarios que accedan a la legalización de sus viviendas deberán asumir los costes que ello conlleve, como la cesión de terrenos para equipamientos o en caso de que esto no resulte posible, el pago para contribuir a la creación de servicios y espacios públicos.

La situación de las áreas de regularización (ARGs) es dispar ya que hay algunas en las que no hay apenas espacio disponible para ubicar zonas comunes o equipamientos, mientras que en algunas ya está realizada buena parte de la urbanización, que se tratará de respetar en la medida de lo posible.

Para que se pueda iniciar el proceso de regularización de cada una de estas zonas será necesario el sí de más de la mitad de la propiedad del suelo, tras lo que los vecinos tendrán que constituirse en juntas de compensación. En lo referente a las edificaciones existentes, se establece un plazo de dos años desde la aprobación del proyecto de reparcelación para solicitar la legalización.

Las previsiones de la edil de Urbanismo pasan porque esta ordenanza pueda estar definitivamente aprobada en el mes de septiembre. De momento han sido cinco los diseminados que han trasladado formalmente a Urbanismo su interés por iniciar a corto plazo este proceso de regularización, aunque Benavente se mostró convencida de que serán más las interesadas una vez que la ordenanza entre en vigor.

Una vez que las diferentes juntas de compensación lleven a cabo los proyectos de urbanización de cada diseminado, las mismas se transformarán en entidades urbanísticas de conservación, que se encargarán del funcionamiento de las nuevas urbanizaciones durante un periodo de cuatro años, hasta la recepción por parte del Ayuntamiento.

Leocadia Benavente explicó que se va a crear una comisión de seguimiento para velar por la buena marcha del proceso de regularización de las ARG, una comisión que se reunirá cuantas veces sea necesario y como mínimo cada tres meses. La misma estará integrada por todos los grupos políticos, la Flave, Ecologistas en Acción, Fevema y Coave.

Entre las ventajas que ofrece la ordenanza figura la flexibilización del pago de las obligaciones de los vecinos, de manera que se establece un sistema de fraccionamiento de hasta 120 mensualidades. Cada proyecto de urbanización deberá incluir los requisitos que marca la ley, como la correcta dotación de servicios de cada zona.

Con respecto a la obligación que tendrán los diseminados de regularizarse, la edil consideró prematuro pensar ahora en esta cuestión, ya que como dijo habrá que ver primero cómo funciona la aplicación de la ordenanza. Aunque la ley sí contempla mecanismos para obligar a las entidades a su urbanización, de momento se esperará a ver el ritmo de aplicación de la ordenanza y no se han previsto plazos para exigir a los propietarios dar este paso.