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El Puerto

Las prostitutas de El Puerto se rebelan contra las multas por ejercer en la calle

  • Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se manifestaron hoy en el Ayuntamiento portuense e interpusieron en nombre del colectivo alegaciones contra las sanciones en el registro municipal

 Las prostitutas de El Puerto de Santa María han recibido las primeras multas por incumplir la ordenanza municipal que les prohíbe trabajar en la calle, unas sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros y que hoy, de la mano de la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía, han recurrido.

La presentación de las alegaciones contra las multas se ha convertido hoy a las puertas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en un acto de rebeldía contra esta legislación municipal que se aprobó hace dos años.

Una protesta que han llevado a cabo, en nombre de las prostitutas, miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que con caretas amarillas y enarbolando carteles en los que se leía "por un espacio digno donde trabajar" y "No a las multas" han interpuesto en su nombre los recursos contra las sanciones en el registro municipal.

A su salida, María Casso, delegada en la Bahía de Cádiz de la APDH, ha leído un manifiesto en el que la organización denuncia que esta ordenanza ha supuesto una "paulatina precarización" de las condiciones en la que las personas que ejercen la prostitución en la ciudad desarrollan su trabajo.

"Mientras se favorecen los intereses de los empresarios de los grandes clubes, el riesgo de ser multadas lleva a muchas personas a plantearse el pasar de un trabajo que gestionan de forma autónoma en la calle, a otro en el que horarios, tarifas y lugares son controlados por empresarios del sector", ha asegurado.

En el manifiesto la APDH explica que el colectivo de trabajadoras sexuales de la ciudad "ha reivindicado un espacio para trabajar sin molestar y sin ser molestadas ni perseguidas" en unas reuniones en las que sólo, dicen, han conseguido de los responsables municipales "buenas palabras y pocas intenciones de solucionar el problema".

Y denuncian que desde principios de año, "la única respuesta" que el colectivo ha obtenido del gobierno local es "la imposición de multas desorbitadas (1.500 euros pero pueden ascender a 3.000)", algo que agrava la situación "de incertidumbre e inseguridad" del colectivo.

La APDH, que desde que se puso en marcha esta ordenanza ha denunciado sus nocivas consecuencias, ha decidido defender a las prostitutas ante una ordenanza que, en su opinión, vulnera derechos de las personas.

"La saña contra las prostitutas ha sido siempre un mecanismo de control con respecto a todas las mujeres, luchar contra ese estigma es uno de los objetivos en el trabajo por los derechos de las trabajadoras sexuales", añade la APDH en el manifiesto en el que afirman que ordenanzas municipales como la de El Puerto "legitiman el estigma y le dan rango de ley".

Por eso han exigido la retirada de esta ordenanza, una normativa que, según explica Talia Ardana, miembro del área de prostitución de la APDH en la Bahía de Cádiz, se ha extendido por muchos otros municipios españoles.

Hasta ahora no han sido más de cinco, de un colectivo que no supera las 25 en la ciudad, las que han recibido las multas, unas sanciones que son recogidas en una ordenanza municipal que también penaliza, según la APDH, ejercer la mendicidad en la vía pública o tocar música en la calle.

Con el apoyo jurídico de la asociación, los recursos interpuestos contra las multas destacan que las sanciones no van dirigidas a "hechos consumados" porque los agentes no tienen ninguna prueba de que las sancionadas estuvieran realizando actos sexuales en la vía pública.

"Con estas multas se señala a un colectivo, no a la actuación de una persona", explica Talia Ardana, que asegura que esta normativa "está teniendo consecuencias nocivas y nefastas" para estas mujeres.

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