El anunciado cierre de Golf El Puerto no ha sorprendido a Ecologistas en Acción, que desde hace 15 años han venido denunciando todos los trámites administrativos que llevaron a su construcción, un procedimiento que consideran "un ejemplo palmario de la burbuja inmobiliaria que ha llevado al país a la ruina".

El campo de golf se construyó en las fincas Las Cabezas y Viña Rango, que eran propiedad municipal. Los terrenos se vendieron a una de las empresas de Ramón Marrero -ex consejero de la Junta-, mediante un turbio procedimiento de adquisición y enajenación por parte de la empresa municipal Impulsa El Puerto, según consta en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento realizado por el Tribunal de Cuentas. Los ecologistas recuerdan que esta venta "supuso un importantísimo quebranto a la hacienda municipal. Basta decir que Impulsa adquirió estos terrenos en 1998 por 3.606.072 euros y los vendió en 1999, con el compromiso de recalificarlos, por 4.507.590 euro. Una vez recalificados, los promotores de Golf El Puerto se beneficiaron de un gran pelotazo, ya que en plena burbuja inmobiliaria estos terrenos podrían llegar a revalorizarse a más de 400 millones de euros".

El campo de golf se comenzó a construir en el año 2000, sin licencia de obras, pues el Ayuntamiento no la aprobó hasta abril de 2002; licencia ilegal, pues ni siquiera estaba aprobado el Plan de Actuación Urbanística (PAU) y por tanto los terrenos seguían siendo no urbanizables a todos los efectos. Estos terrenos fueron recalificados en agosto de 2001 por medio de una modificación a la carta del PGOU que fue anulada en 2004 por el TSJA, lo que no impidió que el campo se terminara y se pusiera en funcionamiento. Cuando llegó el PP al gobierno municipal volvió a modificar el PGOU para legalizar el campo de golf, algo que para el colectivo conservacionista "era una mera justificación para construir una macrourbanización de 700 viviendas, hoteles y centro comercial".

Ecologistas en Acción propone que el Ayuntamiento solicite a la SAREB (el banco malo) la cesión de estos terrenos, para destinarlos a la construcción de VPO de autoconstrucción, de forma que se puedan construir unas 1.500 viviendas unifamiliares asequibles para un importante segmento de la población para el que ahora es prohibitivo este tipo de viviendas".