Desde que hace cinco años se pusiera en marcha la Ley de Dependencia, el Ayuntamiento de El Puerto ha tramitado más de 4.120 expedientes, de los cuales ya se han valorado más de 3.600 y aproximadamente la mitad, más de 1.790 casos, ya cuentan con una resolución definitiva aprobada por parte de la Junta de Andalucía.

La ley contempla diversas modalidades de ayudas para las personas en situación de dependencia, que van desde la ayuda a domicilio hasta la atención residencial, pasando por la teleasistencia o la percepción de una ayuda económica para que sean los propios familiares o una persona de su confianza la que se haga cargo de la persona dependiente.

Así, de los más de 1.700 casos de ayudas concedidas en la ciudad, la inmensa mayoría, casi 1.050 expedientes, se han saldado con el recurso de la prestación económica, como solución a aquellas familias que en muchos casos carecen de ingresos y asumen el papel de cuidadores.

La concejala de Bienestar Social, Mariola Tocino, ha querido llamar la atención sobre esta circunstancia y lamenta que por parte de la Junta de Andalucía no se están destinando recursos humanos a realizar trabajos de asesoramiento, supervisión y control sobre los cuidadores, ya que como dice "en muchos casos no sabemos si la atención que están recibiendo las personas dependientes es mala o incluso nula, ya que no existe ningún control sobre estos casos, que suponen el mayor porcentaje".

También se queja la edil de la demora que se está produciendo por parte de la Junta en el reconocimiento del derecho a los últimos grados, es decir, beneficiarios cuya situación de dependencia ha cambiado a peor y tienen reconocido el recurso, pero no están obteniendo la cobertura que deberían.

En la ciudad hay actualmente 404 personas con el grado 1 nivel 1 de dependencia, el más severo que existe, y otras 296 personas con grado 1 nivel 2.

Asimismo, Mariola Tocino explica que desde hace algún tiempo la Junta está exigiendo un nuevo requisito a los demandantes, y es incluir en la solicitud dos opciones de los recursos disponibles, en lugar de uno solo como se venía haciendo hasta ahora, que se consensuaba entre la familia y los trabajadores sociales. Ahora, al hacer elegir entre dos recursos, es la Junta la que finalmente decide cuál facilitará a la persona dependiente, algo con lo que la edil intuye que se puede estar buscando "la elección del criterio más económico".

Finalmente, la responsable municipal de Bienestar Social señala que los precios del servicio de Ayuda a Domicilio no se actualizan desde el año 2006, lo que hace que sean los ayuntamientos los que estén soportando el coste real del servicio, "alejado ya de los precios de hace cinco años", dice la edil.

En cuanto a las residencias, también señala Mariola Tocino que faltan plazas en la ciudad, a pesar de los conciertos que existen con entidades como Afanas o Gecosol. En este sentido, la edil recuerda que el Ayuntamiento de El Puerto ha puesto a disposición de la Junta el suelo necesario para la construcción de nuevas residencias públicas, aunque hasta ahora sin éxito.

Mariola Tocino considera que "siendo la Ley de Dependencia un gran logro para la política del bienestar, la financiación que recibe, cofinanciada por el Gobierno central y la Junta de Andalucía, no llega al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), una desajustada financiación que pone en peligro su sostenibilidad".