UNA de las consecuencias de la inestabilidad política es el aplazamiento de la búsqueda de soluciones a problemas financieros que ya están planteados. En el caso del sistema de pensiones, el principal determinante de la estabilidad financiera a largo plazo, la coyuntura resulta tan trascendental como para el déficit fiscal, pero puede ser insuficiente si otras circunstancias, como la estructura y el envejecimiento de la población, pueden provocar un déficit estructural continuado y mantener la presión sobre un sistema cuyos pilares se han debilitado significativamente de un tiempo a esta parte.

El dato básico es que la población española se ha incrementado en lo que va de siglo en 6,6 millones de personas, un 16,7%, aunque con dos detalles importantes. El primero, que a partir de 2007 se frenó el crecimiento (1,7 millones entre 2007 y 2015), pero sobre todo en los estratos más jóvenes. El segundo, que los mayores de 65 años se han incrementado en un 50%. Han pasado de 6 a 9 millones en estos quince años y desde 2007 han aumentado un 16,2%, a un ritmo casi 5 veces superior al conjunto de la población. En la actualidad representan el 19,5% del total y explican que el número de pensiones haya ascendido hasta 9,4 millones (1,5 millones en Andalucía), con un importe medio de 903 euros (812 en Andalucía).

En el lado de las cotizaciones el perfil es algo diferente. A comienzos de siglo había 15 millones de cotizantes a la seguridad social y llegó a subir hasta 19,4 millones en mayo de 2008, pero a partir de entonces la cifra comenzó a descender hasta poco más de 16 millones a comienzos de 2013. En la actualidad existen 17,8 millones de cotizantes (2,9 andaluces), lo que significa que llevamos tres años recuperando el censo, aunque ello no termine de reflejarse en las cotizaciones, debido a los bajos salarios, al deterioro general de las condiciones de trabajo y a las bonificaciones empresariales a la contratación.

Si a las pensiones contributivas se añade el resto de las prestaciones económicas, el resultado es que, según el presupuesto de 2016, la Seguridad Social transferirá a las familias 132.700 millones de euros a lo largo de este año, pero sólo recaudará 117.200 millones por cotizaciones, lo que significa que, si se cumplen las previsiones y sin contar otros conceptos de gasto, el sistema tendrá que buscar otros 15.000 millones, tan sólo para poder hacer frente a sus compromisos con los beneficiarios. El principal problema, sin embargo, está en la evolución. En 2002 los ingresos por cotizaciones fueron superiores en 3.000 millones de euros a las prestaciones y el saldo positivo se mantuvo hasta 2009. A partir de este año los ingresos cayeron en picado, pero la demanda de prestaciones continuó al mismo ritmo que antes de la crisis. En 2010 la diferencia negativa fue de 5.900 millones de euros y en 2014 de 26.700. La posterior recuperación de las cotizaciones no ha conseguido suavizar la tensión en el sistema y muchos especialistas discrepan con el gobierno sobre la capacidad de la recuperación del crecimiento y del empleo para restañar las grietas que ha dejado el paso de la crisis.