Abengoa no podrá someter su plan de rescate a la votación de sus accionistas en la junta ordinaria del próximo 30 de junio pese a los esfuerzos de compañía y acreedores para cerrar los detalles a tiempo para incluirlo en su orden del día. El acuerdo tendrá que ser validado en una junta de carácter extraordinario que se celebrará en verano, posiblemente a lo largo del mes de julio. Para agilizar los trámites, la compañía propondrá a sus accionistas modificar sus estatutos con el fin de poder convocarles con sólo 15 días de antelación, y no los 30 estipulados actualmente. La compañía tiene hasta el próximo 28 de octubre para culminar su recapitalización gracias a la prórroga del preconcurso concedida a finales de marzo por el titular del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Sevilla.

Apurando los plazos legales, que le obligan a celebrar la junta ordinaria dentro del primer semestre del ejercicio convocándola con un mes de antelación, la multinacional andaluza envió ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la convocatoria de la junta ordinaria del 30 de junio. Según el orden del día, el presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, informará del estado de las negociaciones en relación a la propuesta de reestructuración financiera. "Este punto del orden del día es de carácter puramente informativo, por lo tanto, no se somete a votación", reza la convocatoria.

Sin embargo, los accionistas sí votarán reducir el plazo de convocatoria de las juntas extraordinarias a una antelación mínima de 15 días. Según la Ley de Sociedades de Capital, este punto precisa una mayoría reforzada para salir adelante, ya que requiere el voto favorable de, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto. Si se aprueba, esta medida permitirá acelerar su recapitalización y la entrada de los nuevos accionistas, evitando que la situación de la compañía se degrade aún más por la incertidumbre en la que se encuentra.

Hasta que se convoque esa junta extraordinaria que valide la entrada de los nuevos accionistas, Abengoa sigue controlada por Inversión Corporativa, la sociedad que articula la participación de la familia Benjumea y el resto de fundadores de la compañía, y que actualmente ostenta algo más del 50% de los derechos políticos y el 26% de las acciones. Precisamente, Inversión Corporativa, también en preconcurso, celebra el 23 de junio su propia junta ordinaria de accionistas, en la que deberá validar su paso atrás en la gestión de Abengoa, según publicó ayer El Economista.

Mientras tanto, Abengoa y sus acreedores siguen trabajando en el acuerdo de rescate definitivo, que podría estar listo la próxima semana con el fin de poder empezar a recabar las adhesiones suficientes para que sea validado por el juez. Si el magistrado lo acepta, el siguiente paso sería convocar a sus accionistas en junta extraordinaria con el fin de que den su visto bueno final al acuerdo.

Las partes trabajan actualmente en determinar la financiación que requerirá Abengoa para seguir operando. El preacuerdo homologado por el juez el pasado mes de marzo contemplaba la inyección de hasta 1.800 millones de euros. Sin embargo, esta cifra podría reducirse a unos 1.200 millones, incluyendo los 370 millones adelantados por varios fondos y el G-7 bancario durante el preconcurso para nóminas y otros pagos urgentes, según fuentes de la negociación. La diferencia se debe a que la situación del grupo ha variado respecto a marzo por las ventas o la paralización de diferentes proyectos, y la tasación del valor de diferentes activos que servirán de garantía para esta financiación, conocida internamente como dinero nuevo.

Estos 1.200 millones procederán fundamentalmente de un grupo de fondos -entre los que se encuentran Attestor, Centerbridge, D. E. Shaw, Elliott Management, KKR, Oak Hill y Värdeya- que se harán con el 55% de la compañía, es decir, su control, a través de una ampliación de capital. Según el preacuerdo, el resto de acreedores capitalizarán deuda con el 70% de su valor nominal y recibirán el 35% de las acciones. Otro 5% se reservará para los que aporten avales por valor de unos 800 millones con el fin de respaldar varios proyectos en marcha de la compañía. Y por último, los actuales accionistas verán reducida su participación a un 5% de la Nueva Abengoa, lo que supondrá que Inversión Corporativa rebaje su porcentaje por debajo del 2,5% ó del 1,25%, en función de si se toman como referencia los derechos políticos o la titularidad efectiva de acciones. La disparidad se debe a que el capital de Abengoa está dividido en dos tipos de acciones: A, que otorgan 100 votos en la junta de accionistas, y B, con un solo voto por título. Esta diferenciación desaparecerá una vez que se ejecute la entrada de los nuevos accionistas, ya que las acciones se unificarán en un único tipo.

En paralelo, Abengoa también trabaja en lograr un acuerdo con sus proveedores, con los que negocia caso a caso una solución individual. Asimismo, tras reducir su plantilla global en más de 10.000 trabajadores (hasta 17.000), fundamentalmente temporales, negocia en España con los sindicatos un ERE en su filial Inabensa, que según la última propuesta, supondría 280 despidos y 75 suspensiones de contrato.