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Tribuna Económica

Joaquín Aurioles

Andalucía en las elecciones generales

Andalucía contribuirá a la resolución del problema de la aritmética parlamentaria tras el 20-D, cualquiera que sea el planteamiento.

Nuevamente Andalucía contribuirá más que nadie a la resolución del problema de la aritmética parlamentaria tras el 20-D, cualquiera que sea el planteamiento. No sólo porque los diputados andaluces son el grupo territorial más numeroso en el Congreso de los Diputados (60 de 350), sino también porque volveremos a hacer gala de nuestra proverbial solidaridad aceptando anteponer otros intereses a los que son comunes al conjunto de los andaluces. Siempre ha sido así y los partidos políticos, conscientes de ello, han sabido administrar tradicionalmente con habilidad el sentimiento andaluz en sus campañas con el fin de captar el mayor número de votos para sus filas. De cara al 20-D, sin embargo, la estrategia parece haber cambiado, quizá porque el recuerdo de las pasadas elecciones andaluzas todavía está muy próximo, aunque también puede ser el reflejo de la devaluación del sentimiento andaluz como orientación para el votante. En cualquier caso, mi impresión es que nunca los mensajes preelectorales de los partidos habían estado tan alejados de la realidad andaluza en unas elecciones generales.

Crecer con aumento de la desigualdad significa que los más ricos son los que más crecen y los pobres los que menos. Desde un punto de vista territorial esto significa que Andalucía, la segunda comunidad más pobre, ha sido una de las más perjudicadas por la crisis, por lo que parece poco probable que el principal argumento de la campaña del PP, la defensa de su modelo económico para salir de ella, consiga conectar con la sensibilidad de una mayoría de andaluces. En otras palabras, que el PP no debe esperar ni de la gestión de la prima de riesgo o del déficit público un gran número de votos andaluces.

El PSOE, por su parte, insiste en un cambio bastante ligero de contenidos en positivo. Casi se limita a lo del "quítate tú para que me ponga yo" y desmontar las reformas que el partido en el Gobierno esgrime como principales logros de la legislatura. Pero si en algún sitio su promesa de cambio carece de credibilidad es en Andalucía, donde frente a su responsabilidad con el deplorable estado de la economía, el empleo y los servicios públicos fundamentales, solo puede esgrimir el recurrente victimismo de la animadversión del PP contra Andalucía.

La alternativa de los nuevos partidos basada en la honestidad y la lucha contra la corrupción tampoco permite demasiado, por dos razones principales. La primera, por la dudosa razón de su novedad en el escenario político como principal argumento para su credibilidad, pero sobre todo porque después de tres décadas de democracia tanto la honestidad como la lucha contra la corrupción tienen que ser condiciones de partida y no objetivos políticos. La segunda razón es que ignoran los verdaderos problemas de fondo. 30 años después seguimos 25 puntos por debajo de la media en PIB por habitante, con un tercio más de tasa de paro y con 10 puntos menos de productividad.

El drama para los andaluces es que los partidos tradicionales pretenden ocultar tras la cortina de la recuperación su incapacidad para resolverlos, mientras que los nuevos sencillamente los ignoran.

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