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Economía

El andalucismo útil

  • Aunque el partido que representa este movimiento desaparezca, no lo deben hacer sus ideales, basados en la defensa de un modelo de Estado que rechaza los privilegios regionales.

SURGIÓ de forma natural durante la transición. No tanto como reivindicación regionalista heredera del andalucismo histórico de Blas Infante, a la que, en todo caso, tan sólo cabría vincular el surgimiento del Partido Socialista de Andalucía (1973), sino como respuesta a la necesidad de sustantivar Andalucía dentro del modelo de Estado que se estaba gestando.

Aun a riesgo de simplificación excesiva, se podría afirmar que entre los andalucistas de la época existía la convicción de que las profundas raíces históricas, culturales y sociológicas constituían sólidos fundamentos para confiar en el desarrollo de una personalidad política singular e influyente dentro del Estado. Así se desprendía de los acontecimientos del 4 de diciembre de 1977 y del 28 de febrero de 1980, a pesar del formidable, pero también imprescindible, reto que suponía enfrentarse a la desvertebración económica, política e institucional.

A mediados de los 70, Andalucía aportaba al conjunto de España el 17% de la población, el 12,5% de la producción y disfrutaba de un PIB por habitante equivalente al 73% de la media. El volumen de empleo era ligeramente superior a los 1,7 millones y el de parados a los 200.000, lo que daba lugar a una tasa de paro del entorno del 10%, aproximadamente el doble que la española. También fue la última década con saldo migratorio negativo (-345.427), hasta que por primera vez desde entonces se ha vuelto a producir en 2013 (-16.750). Muchas cosas han cambiado a lo largo de estas cuatro décadas, incluida una sustancial mejora en el bienestar absoluto de los andaluces, pero quizás el aspecto que más llama la atención entre los economistas es la extraordinaria resistencia a la corrección de las diferencias relativas en los principales indicadores económicos. La participación en el conjunto de la población se ha incrementado muy ligeramente, así como en el PIB, lo que determina que la relación entre ambas magnitudes, es decir, el PIB por habitante, siga siendo un 25% inferior a la media española. También la tasa de paro andaluza, que a comienzos de los 80 se distanció 10 puntos de la española, se ha mantenido fija durante todo este tiempo e indiferente a la sucesión de coyunturas expansivas y depresivas en la economía.

Es de suponer que la manifiesta incapacidad del autogobierno para quebrar las inercias que determinan las diferencias de bienestar relativo entre las comunidades autónomas ha debido provocar un notable grado de decepción entre los testigos de los primeros y prometedores avances en materia de autonomía política y de desencanto con el andalucismo.

El andalucismo, entendido como cualquier forma de movimiento u organización comprometido con la defensa del interés general de los andaluces, obviamente compatible con el de los españoles y susceptible de desarrollarse a través de diferentes itinerarios ideológicos, adquiere plena carta de naturaleza cuando se desencadenan conflictos de intereses con otros territorios. Gozó y seguramente supo aprovechar la magnífica oportunidad surgida a lo largo del complejo debate inicial en torno al desarrollo del Estado de las Autonomías y también consiguió impulsar durante los años siguientes el desarrollo de un entramado institucional propio, pero los reflejos sobre la economía de sus principales postulados políticos (corrección de los desequilibrio regionales, unidad de las fuerzas políticas en la defensa de los intereses de Andalucía o el reforzamiento de su protagonismo e influencia en la política española) terminaron quedando considerablemente difuminados.

El desarrollo autonómico en España ha sido permanentemente controvertido, en parte por la desleal ambición de algunos gobiernos, pero también por los profundamente injustos resultados de las diferentes iniciativas para el cierre definitivo del modelo. Andalucía ha tenido un notable protagonismo a lo largo de todo el proceso, pero su contribución se ha caracterizado por la complacencia con las iniciativas del Gobierno central, cuando ha estado en manos del PSOE, y por el abierto enfrentamiento cuando ha estado en manos del Partido Popular. La consecuencia es que Andalucía ha figurado habitualmente entre los territorios más perjudicados desde un punto de vista financiero, pero sobre todo con el vigente acuerdo de financiación autonómica.

La disolución del Partido Andalucista y su retirada completa de la escena política no significa, en modo alguno, la desaparición de los ideales del andalucismo, entre otras cosas porque es probable que nunca haya sido tan amplia la distancia entre ambos, pero sobre todo por la extraordinaria trascendencia del escenario político posterior a las elecciones generales. La perspectiva de una reforma constitucional que podría pretender la consagración de una realidad contraria al desarrollo territorial equitativo, equilibrado y sin privilegios proporciona una nueva oportunidad para la utilidad del ideal andalucista en la construcción de un modelo de estado en el que la justicia y la equidad prevalezcan sobre el derecho al reconocimiento de las diferencias, pero cuya legitimidad desaparece cuando conlleva la aparición de privilegios. Los antecedentes de Navarra y País Vasco son bien elocuentes de que este tipo de errores pueden volver a producirse. Es probable que Andalucía sea la única comunidad capaz de impulsar un movimiento con capacidad de enfrentarse a la corriente y, de paso, recibir el apoyo de otras con sensibilidades similares, aunque lo verdaderamente importante sería, como ya ocurriera en 1977, la convergencia de la mayoría de los grupos políticos en la defensa de un modelo de Estado respetuoso con el interés general de los andaluces.

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