"Europa quiere vender el coche sin decir qué motor tiene". El corresponsal en España de un importante diario estadounidense define así el Plan Juncker, la gran iniciativa con la que el flamante nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quiere reanimar a la economía europea para evitar un estancamiento como el que sufre Japón desde hace década y media. El Consejo Europeo, el foro que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, debe dar esta semana el pistoletazo de salida a un plan del que se conocen sus grandes objetivos -movilizar 315.000 millones de euros de inversión a partir de sólo 21.000 millones de fondos públicos- pero casi nada de cómo se llevará a cabo.

El Plan esconde una letra pequeña: no son subvenciones a fondo perdido, como ocurre con los Fondos Feder, que han servido para cofinanciar la mayoría de las grandes infraestructuras. "Estos fondos habrá que devolverlos", admiten fuentes de la Comisión Europea, que agregaron que "el tipo de interés dependerá de cada proyecto". "Tienen que ser viables y con un valor añadido socioeconómico". En otras palabras, criterios de rentabilidad económica.

El evaluador será un comité de inversiones "independiente y sin cuotas nacionales", pero del que aún se desconoce su procedencia y su composición. El Ejecutivo comunitario apuesta por aprovechar la estructura del Banco Europeo de Inversiones (BEI), aunque admite que deberá ser reforzada. Estas incógnitas no se despejarán hasta enero como pronto.

Bruselas es consciente de que esta medida enfriará el entusiasmo por el Plan Juncker. La Comisión ve posible que se logre un acuerdo para que Eurostat no incluya las inversiones en el cálculo del déficit público. Sin embargo, es casi seguro que sí se contabilizarán como deuda pública, lo cual penalizará a los países más endeudados, como España, cuyo pasivo supera de largo el billón de euros y está al borde del 100% del Producto Interior Bruto (PIB).

La iniciativa se basa en que los 21.000 millones de euros de dinero público -5.000 procedentes del BEI y 16.000 en forma de garantías del Presupuesto de la UE- atraigan a suficiente capital privado como para alcanzar los 315.000 millones anunciados, es decir, que por cada euro público se inviertan 15. "Un multiplicador del 15 es razonable. El BEI hace sus inversiones con un multiplicador del 18 y la UE del 20", insisten desde el Ejecutivo Comunitario. Los estados podrían complementar la aportación de la UE con fondos nacionales, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró recientemente contrario a que España inyecte más dinero público a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

"El capital privado invertirá en los tramos más seguros de la inversión mientras que el BEI servirá de garantía para los más arriesgados", dice la Comisión, que reconoce que una de sus prioridades es atraer a la economía real el exceso de liquidez que atesora la banca.

Las administraciones no son las únicas destinatarias del plan. Bruselas pone el acento en las pymes, a las que espera beneficiar con una financiación más barata que la que obtienen actualmente de la banca. Las primeras incógnitas deben ser despejadas esta misma semana. El presidente del Consejo, el polaco Donald Tusk, ha distribuido a los gobiernos de la Unión un borrador de conclusiones en los que se esbozan algunos detalles. El objetivo es que la financiación esté disponible el verano del año que viene.