"Se pretende tener los recursos posibles para que tengan más oportunidades las familias que lo tienen peor", decía ayer la delegada municipal de Urbanismo, Ana González (PSOE), en su defensa durante el Pleno de ayer sobre el punto relativo a la ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, que fue aprobado con los votos de los socialistas y el del concejal de Ganemos, Adrián Sánchez, que ya forma parte del gobierno municipal, mientras que el resto de agrupaciones se abstuvo.

Con dicha ordenanza, el Ayuntamiento asegura que dispondría de una herramienta para poder sacar a concurso propiedades de bancos o particulares que incumplan la Ley de Suelo para sustituir o expropiar al propietario del inmueble a un precio tasado en el mercado actual por un perito. Cabe recordar que el cálculo de viviendas vacías en manos de los bancos en la ciudad se sitúa entre las 2.000 y 3.000 viviendas, "mientras que en Emsisa hay más de un millar de demandante de viviendas", apostilló el alcalde, José María Román.

Ana González aclaró que esta medida afectaría a viviendas que se encuentren en suelo urbano consolidado, en concreto en el casco urbano de Chiclana. La responsable de Urbanismo expresó en varias ocasiones que la aplicación de la ordenanza iría destinada a fines sociales y que, además, supondría un instrumento para ampliar el patrimonio municipal de viviendas destinado a las familias.

Por contra, el PP, en boca de su portavoz Andrés Núñez, calificó esta ordenanza como "una gran mentira" y censuró al Gobierno municipal al asegurar que se envía a la ciudadanía y a los bancos en mensaje "de que le van a quitar las casas". Así, reiteró que esta medida va a afectar a los bancos de manera mínima o testimonial, "porque en verdad se trata de una ordenanza para expropiar viviendas y edificaciones ruinosas". Por su lado, Ana Rodríguez, de IU, opinó que lo que se pretende es "salvar" a las entidades bancarias de las viviendas o promociones a medio terminar con dinero del Ayuntamiento, extremo que negó Román al indicar que el Consistorio no dispone de fondos para firmar nuevos créditos.

Por su parte, Daniel Martín, portavoz de Chiclana Sí Se Puede (PCSSP), alertó que hay que tener "mucho cuidado" con que la ordenanza afecte a particulares que no han podido mantener sus viviendas por culpa de la crisis económica, mientras que el concejal no adscrito, Stefan Schauer, argumentó que "si los bancos son parte del problema, ahora deben ser parte de la solución".

En otro orden de cosas, salió adelante con los votos a favor de todos los grupos, salvo la abstención de PCSSP, el inicio del expediente para conceder el título de Hijo Predilecto de la Ciudad al empresario chiclanero José Antonio González Morales, fundador de Vipren.

Pero aparte de estos puntos, el 'morbo' del Pleno se centró en el único concejal de Ganemos, Adrián Sánchez, quien ya forma parte del gobierno municipal tras la lectura del decreto durante la sesión plenaria de ayer que le otorga la Delegación de Fomento y Empleo, así como de Participación Ciudadana, con un sueldo neto de unos 1.970 euros al mes a partir del uno de mayo. Así, Rodríguez (IU) volvió a recriminar a Sánchez que no ha dado la cara "ni ante los medios ni ante la ciudadanía". En esta línea, redundó que es legítimo el pacto de gobierno con el PSOE, "pero no es legítimo engañar a la gente y que ese acuerdo no se haya realizado con transparencia".

También fue muy crítico Martín (PCSSP) quien le recordó al concejal de Ganemos que su sueldo a partir de ahora supera lo que prometió en campaña electoral, "además ha engañado a sus votantes porque anunció un referéndum si pactaba. Sea honesto, pero allá usted con su conciencia". Por su parte, Núñez (PP), enfocó sus ataques contra el que estuvo durante cuatro años en las filas populares, Stefan Schauer, al que le censuró que "si no le gusta nuestro partido deje su acta de concejal y marchese, porque a usted no le han votado por ser un profesional" del sector turístico, "sino porque estaba bajo las siglas del PP".

Adrián Sánchez intervino por alusión y le dijo a la edil de IU que si le acusa de poner la mano por 1.970 euros "usted la ponía por 4.600 euros", en referencia cuando ocupaba un cargo en la Delegación del Gobierno en Cádiz. En cuanto a Martín dejó caer que no pagaba sus impuestos, mientras que el concejal del PCSSP le pidió que rectificara al asegurar que esa insinuación es incierta al tiempo que le amenazó con llevarlo a la tribunales.