El PP está dispuesto a llevar al Gobierno local del PSOE a los juzgados tras asegurar que no se le facilita información sobre la entrega de vales de alimentos "sin control" a familias sin recursos. En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Andrés Núñez, que ayer compareció en rueda de prensa junto a la concejala Ana María Bertón, afirmó que "tras la llegada al Gobierno municipal, el PSOE cometió un hecho que ya tiene precedentes, un posible reparto arbitrario de vales de comida sin informes técnicos que avalen la conveniencia de su entrega a usuarios concretos, bajo el criterio personal del alcalde, José María Román, y el delegado de Servicios Sociales, Francisco José Salado".

Los populares califican este hecho de "muy grave, por cuanto Servicios Sociales tiene que tener forzosamente garantizada la igualdad de trato a los ciudadanos por la propia dignidad de las personas que lo están pasando mal, algo por lo que, en cuanto nos enteramos, realizamos una petición de información, algo que nos permite tanto el reglamento orgánico como la ley, para que nos facilitaran la información existente en relación a los vales de comida entregados en la fecha solicitada, tras su llegada a la Alcaldía".

A raíz de esta petición, señaló que "en una respuesta se nos dice que se han entregado 140 vales de alimentos en dos semanas; es decir, en diez días hábiles, lo que supone 14 al día, casi un vale cada media hora de trabajo del delegado. Pero esa no era la información solicitada, pues pedimos todos los informes técnicos que avalaran esta situación".

Núñez indicó que en total han sido siete ya las ocasiones en las que han solicitado información sobre este asunto, "sin que el Gobierno municipal del PSOE haya dado una respuesta correcta. En este tiempo, nos han dicho el dato de 140 vales anteriormente mencionado, así como que se habían entregado pero no justificado, cuando no pedíamos la justificación; y se nos citó el 28 de septiembre para mostrarnos documentación, y presentarnos expedientes de nuestra etapa en el Gobierno".

Núñez tildó esta situación "como un desprecio, pues sentimos que se ríen de los derechos fundamentales que tenemos los concejales en el acceso a la información, con una voluntad de manifiesto desprecio a la oposición y a los ciudadanos, a los que representamos". En este sentido, declaró que "estos hechos no pueden permitirse", por lo que, "por última vez, ayer solicitamos esta información. La ley establece un plazo de cinco días, y si no lo hacen, acudiremos a un procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, para que sea un juez quien obligue al PSOE y Gobierno de la ciudad a entregarnos la información solicitada".

Sobre este aspecto, Núñez aseguró que José María Román "ha sido ya condenado en tres ocasiones por ocultar información, y que en la última parte del periodo corporativo 2007-2011, se denegó al PP información sobre el Plan Local de Empleo Social (PLES), aunque finalmente retiramos el procedimiento cuando alcanzamos la Alcaldía y tuvimos acceso directa a la documentación".

Para concluir, agregó que "si una familia necesita comida, habrá que sacar el dinero de la delegación municipal que haga falta, pero todo debe ir avalado por un informe de una trabajadora social de Servicios Sociales".

Por su parte, la concejala y exdelegada municipal de Servicios Sociales, Ana Bertón, subrayó que Servicios Sociales cuenta con una protocolo de actuación para la entrega de ayudas, "en base a una situación urgente, a través de documentación y visita domiciliaria de las trabajadoras sociales, teniendo en cuenta que si la necesidad era imperiosa se entregaban varios vales de alimentos hasta la concesión de ayuda, pero siempre bajo la supervisión técnica, y no por decisión política, y todo para garantizar el tratamiento igualitario de los usuarios de Servicios Sociales". Así, añadió que este modo de proceder se dejó escrito en un borrador de ordenanza elaborado en el anterior mandato corporativo por parte del Gobierno del Partido Popular.

Al respecto, Ana Bertón reseñó que todo está enfocado a "garantizar que las ayudas se entregan atendiendo a la prioridad establecida por criterios técnicos objetivos, y no por la decisión particular del político de turno, porque no hay que olvidar que el dinero público es de todos los chiclaneros, que pagan sus impuestos y merecen que se garantice un uso responsable de los fondos públicos y transparencia en la gestión".