Jesús Vila, representante legal de los vecinos de la UE1 Carretera de la Barrosa, que comprendería las urbanizaciones de Las Mogarizas, Las Rapaces y Las Galindas, adelantó que ya se le ha notificado, así como a los afectados, Ayuntamiento y Emsisa, la primera resolución por la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Cádiz, mediante auto de 18 de junio de 2015, "acuerda y ordena expresamente al Ayuntamiento la devolución, con los correspondientes intereses legales, de los pagos efectuados por propietarios de la referida Unidad de Ejecución (UE)".

Dichos pagos derivan como consecuencia de la cuenta de liquidación definitiva de las obras ejecutadas en dicha Unidad de Ejecución, una vez ésta fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia, en sentencia firme, por haber caducado el procedimiento de aprobación de dicha cuenta por parte del Ayuntamiento, según señaló el letrado, quien recordó que esos pagos supusieron un importante desembolso económico para cerca de 750 familias afectadas.

Vila espera que por fin los nuevos responsables en el Ayuntamiento procedan a devolver sin más demora el dinero "indebidamente cobrado a los propietarios de la Unidad de Ejecución, dado el perjuicio que se está ocasionando a todos los chiclaneros, por los cuantiosos intereses legales que día a día genera dicha deuda, y las más de 750 familias afectadas, algunas de las cuales tuvieron en su día que hipotecar, pedir préstamos o mal vender su casa para hacer frente a los requerimientos del Ayuntamiento bajo amenaza de embargo de sus cuentas corrientes y propiedades".

Asimismo, el representante legal y los afectados confían en que la nueva Corporación Municipal, liderada por el PSOE, "en lugar de echarse la culpa unos a otros sobre el déficit público, informe públicamente de una vez cuándo se van a iniciar los trámites administrativos para devolver a todos los propietarios de la Unidad de Ejecución el dinero indebidamente cobrado con sus intereses".

Vila recuerda que dichos trámites administrativos debieron iniciarse inmediatamente "ya a finales de mayo cuando el Ayuntamiento no recurrió el primer pronunciamiento del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 acordando la anulación de la cuenta de liquidación definitiva, pronunciamiento que la propia sentencia calificó como de orden público, y por lo tanto, apreciable de oficio obligatoriamente por los demás juzgados contencioso administrativos a la hora de entrar a conocer sobre los innumerables procedimientos iniciados por otros propietarios afectados en la UE1".