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Chiclana

Ayala (PVRE): "El cambio de la LOUA beneficiaría a menos de 300 viviendas"

  • La edil de Urbanismo afirma que la medida de la Junta afectaría en el municipio a menos del 2% de las casas en situación irregular "siempre que cumplan con todos los requisitos"

La delegada municipal de Urbanismo, Marisol Ayala (PVRE), manifestó que la modificación propuesta por la Junta de Andalucía en la Ley de Ordenación Urbana (LOUA) beneficiaría a menos del 2% de las viviendas sin regularizar en la localidad, "es decir, menos de 300, siempre y cuando estas cumplieran con todos los requisitos exigidos por la administración autonómica".

En esta línea, la concejala mantuvo que "en este momento solo podemos hablar de datos relativos, ya que la Junta de Andalucía se ha dedicado a anunciar sus medidas a bombo y platillo, pero la información detallada de los cambios aún no ha llegado al Ayuntamiento de Chiclana, para que pueda ser estudiada con detenimiento por el cuerpo técnico de la Delegación Municipal de Urbanismo".

Del mismo modo, la concejala de Urbanismo hizo referencia al Decreto 2/2012 elaborado por la Administración andaluza y su aplicación en el municipio, señalando que "las viviendas que quieran acogerse a esta medida tienen que ser viviendas aisladas, que no se encuentren en suelos de especial protección o inundables, que no tengan sanciones y que las infraestructuras de servicios básicos estén en la misma puerta, características que tampoco se cumplen en la localidad, ya que en Chiclana predominan los asentamientos urbanísticos con muchas viviendas".

Además, recalcó que "el único beneficio que aportaría esta medida andaluza, a las pocas viviendas que se pudieran acoger en Chiclana, sería el reconocimiento de la vivienda, ya que, como el propio Decreto indica, el acceso a los servicios debe ser autosuficiente".

Por todo ello, Marisol Ayala señaló que la reciente medida anunciada por la Junta de Andalucía, con Susana Díaz al frente, "es una pantomima más, cuyo único fin es enturbiar la esperanza de las familias que residen en las más de 300.000 viviendas irregulares que existen en Andalucía".

A este respecto, la edil al frente de Urbanismo insistió en "un cambio sustancial en la LOUA que verdaderamente beneficie a los chiclaneros, por consiguiente a los andaluces, tal y como sería posible con una modificación en el artículo 175 de la LOUA, para que miles de familias de Andalucía puedan tener acceso a los servicios básicos de manera inmediata".

Para concluir, la delegada reclamó que "se tomen medidas que faciliten la incorporación a la legalidad de las viviendas irregulares en Andalucía". Por ello, ha reiterado que "es imprescindible que se modifique la LOUA de manera sustancial, contando con la opinión y en consenso con todos y cada uno de los representantes urbanísticos de los municipios de Andalucía".

Cabe reseñar que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció el pasado miércoles que modificará el artículo 185 de la LOUA para regularizar las viviendas ilegales construidas en suelos no urbanizables para las que hayan prescrito las acciones disciplinarias y estén ubicadas en parcelaciones que no constituyan asentamientos urbanisticos.

La Junta detalla que la regularización de los asentamientos urbanísticos corresponde a los Planes Generales mediante su clasificación como suelo urbano o urbanizable. Además, especifica que dicha modificación no pretende suprimir el régimen disciplinario de las parcelaciones urbanísticas, "ya que se trata de una medida disuasoria esencial en la disciplina urbanística, sino que afectaría exclusivamente a las edificaciones ya prescritas ubicadas en dichas parcelaciones". Además, las viviendas que se quieran regularizar deberán tener más de seis años de antigüedad, no ubicarse en suelos protegidos o con riesgos naturales y no tener abierto ningún proceso judicial o alguna sanción administrativa.

La citada modificación permitiría, según la Junta, que estas casas puedan tener la consideración de edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación (AFO) y con ello poder contar con los servicios básicos de luz, agua y saneamiento, así como acceso al registro de la propiedad. No obstante, no supone el otorgamiento de licencia de primera ocupación.

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